“—Dime una cosa, Jon: si llegara un día en que tu padre tuviera que

elegir entre su honor y sus seres amados, ¿qué haría?

—Haría lo correcto. Pasara lo que pasara.

—Entonces Lord Eddard es un hombre entre diez mil.

La mayoría no somos tan fuertes”. 

George R.R. Martin.

Juego de Tronos. Canción de Hielo y Fuego, No. 1.

Mientras escribo estas líneas, cientos de personas trabajan para remediar (o para minimizar el daño, ya que en buena medida los daños serán irreparables) los dos derrames que han afectado la Amazonía peruana en las últimas semanas. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha sido claro en señalar que Petro-Perú es la única responsable de estos daños, debido a un inadecuado manejo de los oleoductos que recorren la zona.

Foto: El Comercio

Sería muy oportunista de parte de quienes creemos en el rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado señalar que la negligencia e ineficiencia de Petro-Perú en este grave caso se debe exclusivamente a su condición de empresa estatal. Petroleras privadas también se ha visto involucradas en casos similares. Vemos muchos casos de empresas privadas que también son ineficientes y no mantienen adecuadamente su infraestructura.

Sin embargo, creemos que quienes creen en la presencia del Estado en ciertas “industrias estratégicas” sí pueden hacer algunas reflexiones:

• Una empresa estatal no es garantía de un mayor cumplimiento de la ley ni de un comportamiento más altruista; ni de que se actúe “en interés de todos los peruanos”. Petro-Perú venía incumpliendo sistemáticamente el plan de adecuación de sus ductos. Esto, entonces, no es un mero accidente. El manejo posterior, incluso, ha sido muy malo. Su presidente incluso habría mentido al ser cuestionado acerca de la contaminación del río Chiriaco.

• El satanizado «fin de lucro» ¿no existe acaso en el Estado? ¿No se amplían (innecesariamente) los puestos de trabajo?, ¿no se aumentan los ya generosos sueldos o dietas sus funcionarios? ¿No se busca ampliar las cuotas de poder? Que no se entreguen dividendos no quiere decir que no haya codicia (y mientras tanto los ductos, bien gracias).

• La multa la terminaremos asumiendo todos los peruanos. No se trata sólo de los S/. 12 millones impuestos por OSINERGMIN (por incumplir procedimientos de seguridad). Sobre eso, el OEFA podría aplicar una multa (por daños al medio ambiente) de aproximadamente S/. 59 millones.

Muchos señalan que Petro-Perú no es per-se ineficiente: “el asumir que el Estado es ineficiente es una posición meramente ideológica”. Y sí, si uno parte de una ideología liberal, la regla general es que el Estado debería actuar sólo como un garante del cumplimento de la Ley en los mercados, no como un empresario. Pero esta posición ideológica tiene sustento en la lógica y en los hechos. En primer lugar, los peruanos no podemos olvidar el fracaso que significó la aventura del Estado empresario en los 70’s y 80’s. Como reseña ComexPerú en este post: “(d)e acuerdo con el IPE [Instituto Peruano de Economía], en 1969, a inicios de la dictadura militar de Velasco Alvarado, las pérdidas acumuladas de las empresas públicas ascendían a solo US$ 46 millones. Una década después, estas sumaban US$ 2,481 millones (equivalentes al 10% del PBI), esto es, se multiplicaron por 54 en tan solo diez años”. Un desastre.

Petro-Perú, en particular ha tenido siempre una larga historia de corruptelas e ineficiencia. Ver, por ejemplo, aquí la opinión de Hans Rothgiesser (@mildemonios), o esta dura opinión de Pablo Secada. La historia reciente, además, nos permite afirmar que Petro-Perú ha ocasionado 21 (¡21!) derrames en los últimos 5 años.

Pero…. pero… ¿acaso no hay empresas estatales en otros países que son eficientes? Sí, hay casos. Es posible, al menos en teoría, generar incentivos contractuales para alinear intereses entre los administradores y empleados de una empresa pública y el Estado y los ciudadanos, a fin de asegurarse de que su actuar sea eficiente.

Pero para eso hay que reconocer que los incentivos importan, identificarlos y tomarlos en cuenta al establecer las «reglas de juego» (normas, esquemas salariales, mecanismos de rendición de cuentas, etc.). Y eso es algo que un sector (principalmente, la izquierda) no quiere reconocer (¿y ellos acusan a otros de ideológicos?).

Veamos el caso de los países nórdicos, frecuentemente citados como “ejemplos”[1] de que el socialismo puede funcionar bien. Como destaca este artículo de The Economist de 2013, los noruegos han entendido la importancia de los incentivos:

“En lo que respecta a los servicios públicos, los nórdicos han sido igualmente pragmáticos. Mientras los servicios públicos funcionen, no les interesa quien los preste. Dinamarca y Noruega permiten que las empresas privadas manejen hospitales públicos. Suecia tienen un sistema universal de vouchers que permite que las escuelas privadas con fines de lucro compitan con escuelas públicas. Dinamarca también tiene vouchers –que pueden ser complementados con ingresos propios. Cuando se trata de oportunidades para elegir, Milton Friedman estaría más cómodo en Estocolmo que en Washington, DC”[2].

Otro artículo de The Economist explica cómo Suecia es el líder mundial en lo que se refiere a la privatización de la gestión de servicios públicos. Específicamente, en lo que se refiere a hospitales públicos, empresas privadas proveen el 20% de la atención hospitalaria y 30% de la atención médica primaria. El artículo relata el caso del Hospital Saint Goran, un emblema del “Estado de Bienestar” sueco, hoy administrado por Capio, una empresa privada. Los doctores y enfermeras son empleados de esta empresa, y responden ante sus gerentes y aplican criterios aplicados en empresas privadas para fomentar la eficiencia e innovación (de hecho, el “modelo Toyota de producción” parece ser el mantra del hospital). Sin reducir la calidad del servicio, y reduciendo sus costos (de ahí provienen sus ganancias) Capio ha minimizado el tiempo de internamiento de los pacientes y la probabilidad de que contraigan infecciones. El tratamiento todavía es gratuito (aplica un pago simbólico), pero, más allá de que Suecia haya mantenido su “Estado del Bienestar”, claramente ha asumido que los costos y los incentivos no pueden dejar de ser tomados en cuenta. Pero claro, cuando tratamos de hacer algo así en el Perú, los sindicatos y sus candidatos ponen el grito en el cielo y denuncian “privatizaciones encubiertas”.

Ahora bien, por más incentivos «contractuales» que pongamos, el Estado nunca tendrá los mismos incentivos de propiedad que una empresa privada. En la empresa privada, si ésta es mal manejada, el accionista pierde su plata. En el caso de la empresa pública, si estas es mal manejada, el gobernante de turno pierde nuestra plata. Por eso es que muchas veces las empresas públicas se manejan persiguiendo fines políticos. Por eso SEDAPAL gasta plata en poner agua en nuevos asentamientos humanos que no estaban previstos en sus planes de expansión de red, o mantiene demasiado bajas las tarifas; antes que dar un buen mantenimiento a sus redes. Lo primero da rédito político en el corto plazo, lo segundo no. Esto es algo que reconocen incluso entusiastas de la actividad empresarial del Estado como Humberto Campodónico. Sin instituciones fuertes y buen gobierno corporativo, toda empresa pública es susceptible a este tipo de manejos.

En el caso de la actividad empresarial del Estado, además, hay que tomar en cuenta que no sólo es que no se den los incentivos correctos. También pasa que se generan incentivos perversos. Acaso el más peligroso es que el Estado se vuelva “juez y parte” en un determinado mercado. En el caso de puntual de los últimos derrames ocasionados por Petro-Perú, creo que Osinergmin y el OEFA están actuando adecuadamente. Pero en el pasado se han dado casos en los que ha habido laxitud con las empresas estatales. Hoy en día tenemos buenos funcionarios en el puesto, pero no hay garantías de que eso se mantenga así.

Finalmente, no podemos olvidar, tampoco, que hay un problema de recurso humano. No hay suficientes buenos funcionarios para hacer bien todo lo que tiene que hacer el Estado. Lo ideal sería que el Estado se concentre en sus tareas más básicas: seguridad, justicia, infraestructura, salud, educación, entre otras. Para ponerlo de otro modo: es un crimen incrementar gerencias en Petro-Perú cuando hay localidades sin postas ni comisarías. Hay zonas en las que en efecto hay “muy poco Estado” o el Estado sencillamente no existe. Prioricemos.

Sin ánimo de cerrar el debate; reflexionemos sobre estos puntos la próxima vez que propongan “reforzar” o “modernizar” esta empresa; y antes de proponer otras aventuras empresariales del Estado. La mayoría de personas no somos tan fuertes como Ned Stark, así que necesitamos los incentivos correctos.

[1] Entre comillas, ya que lo que los nórdicos tienen no es socialismo. Si bien es cierto que se trata, en general, de países con altos impuestos y un fuerte gasto público, los agentes económicos suelen gozar de una fuerte protección a la propiedad y una amplia libertad empresarial. Vean el artículo de Nina Sanandaji que cito en este post: https://mariozuniga.org/2016/01/18/los-diez-mejores-articulos-de-politicas-publicas-del-2015/

[2] Traducción original del siguiente texto: “On public services the Nordics have been similarly pragmatic. So long as public services work, they do not mind who provides them. Denmark and Norway allow private firms to run public hospitals. Sweden has a universal system of school vouchers, with private for-profit schools competing with public schools. Denmark also has vouchers—but ones that you can top up. When it comes to choice, Milton Friedman would be more at home in Stockholm than in Washington, DC”.