Neutralidad de Red: la FCC gana este round

Si han leído lo que publiqué sobre el tema en este mismo blog, ya saben que no soy fan de la “neutralidad de red”. Creo que puede ser perjudicial para el consumidor en la medida que puede impedir que los proveedores del servicio de internet administren de la mejor manera los distintos tipos de tráfico; ello puede afectar la calidad del servicio. Además, creo que podría reducir los incentivos para invertir en mantener o renovar la infraestructura de telecomunicaciones. Eso también nos “pasará factura” en el futuro.

Web MZ Post Net Neutrality (iII)

En el Perú, la propuesta del Osiptel todavía no ha sido aprobada a pesar de que ya pasó largamente el plazo para presentar comentarios. Espero, sinceramente, que se hayan desanimado. En cualquier caso, es importante seguir lo que pasa en Estados Unidos; no sólo porque dicho país es donde se originó la teoría y el movimiento a favor de la neutralidad de red, sino porque muchos de los modelos regulatorios adoptados en dicho país luego son importados a otras latitudes.

En recientes semanas, ha habido un desarrollo importante sobre el tema: la Corte de Circuito de Washington, D.C. ha dado “luz verde” a la última versión de la regulación de neutralidad de red promulgada por la Federal Communications Commission (FCC), la Internet Order de 2015[1]. Esto es importante porque antes, hasta dos veces, la misma Corte había inaplicado sendos intentos del FCC por aplicar la neutralidad de red. La primera vez, en 2010, porque los “principios” del FCC no eran propiamente una regulación, sino solo lineamientos; y la segunda vez, en 2014 porque se consideró que dicha agencia no podía regular la banda ancha como un servicio público[2] sin antes clasificarlo como tal[3].

Es importante desde el punto de vista legal si el servicio de acceso a internet es un “servicio público” o un “servicio de telecomunicaciones” (en contraposición a un mero “servicio de información”, como fue calificado antes, clasificación que implica una regulación más “light”); porque ello permite al FCC regularlo más; regularlo “de la forma más intensa posible” tal como pidió el presidente Barack Obama. Eso es precisamente lo que hizo esta agencia antes de emitir su nueva Internet Order.

Legalmente, esta clasificación podría (podría, ojo) tener sentido. La Ley de Telecomunicaciones en Estados Unidos define a un servicio de telecomunicaciones como la “transmisión de información entre dos puntos especificados por el usuario, de información escogida por el usuario, sin modificarla”. El internet, en efecto, podría encajar en esta definición.

El problema está en las consecuencias. Esta regulación, la que aplica a los servicios de telecomunicaciones, es regulación pensada en los típicos monopolios naturales, como la telefonía fija. En consecuencia, no tiene sentido aplicar esta regulación a los servicios de internet, que son razonablemente competitivos.

Pues bien, la Corte de Circuito ha declarado (mayoría 2 a 1) como válida la reclasificación de los servicios de internet como servicios de telecomunicaciones. Esta reclasificación incluye, tal como destaca Clyde Wayne Crews, a los servicios móviles de internet. Si bien en el caso del internet fijo pueden haber casos de monopolios a escala local; en el caso del internet móvil quedan menos dudas de que es competitivo.

La mayoría de la Corte, como señala Hal Singer, renunció a su deber de hacer un análisis de razonabilidad de la regulación, sino que aplicó la denominada “Deferencia Chevron” para darle una presunción de legitimidad, por su expertise, al criterio de la agencia:

“Fundamentalmente, no ‘nos preguntamos si la decisión del organismo es sensata como un asunto de políticas públicas; de hecho, estamos prohibidos de sustituir el juicio de la agencia por el propio’. Tampoco nos preguntamos si ‘algunos o muchos economistas desaprobarían el enfoque [de la agencia]’ porque ‘nadie se sienta como un panel de árbitros en una revista económica’, sino como un panel de jueces generalistas obligados a deferir ante el juicio razonable de un organismo que actúe en virtud de la autoridad delegada por el Congreso”[4].

Esto es una muy mala señal para el FCC: le da la autoridad de regular el internet u otros servicios de comunicaciones sin necesidad de ajustarse a un criterio económico. ¿No hay que demostrar que existe poder de mercado para sancionar una determinada práctica? ¿Ni el efecto anticompetitivo? ¿No hay que demostrar que existe una falla de mercado? ¿Bastan las buenas intenciones? Es es precisamente lo que no hace el OSIPTEL en su proyecto y debería hacer: demostrar qué falla de mercado justifica la neutralidad de red.

Esperemos que las instancias judiciales estadounidenses no renuncien a su deber de hacer un control efectivo de la razonabilidad de las normas (el voto en discordia del Juez Williams[5] marca una línea a seguir en ese sentido).

[1] Report and Order on Remand, Declaratory Ruling and Order, 80 F.C.C.R. 19737 (2015). Disponible en: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-24A1.pdf (visitado por última vez el 30 de noviembre de 2015).
[2] El término es en realidad “common carrier” que traduzco con cierta licencia como “servicio público”. Los conceptos no significan en estricto lo mismo, aunque para el tema aquí tratado, la clasificación como uno u otro tiene la misma consecuencia: la habilidad del Estado de imponer obligaciones de proveer el servicio o activo a terceros bajo ciertas obligaciones especiales: neutralidad, continuidad del servicio, entre otros.
[3] Ver: FAULHABER, Gerald. What hath the FCC wrought? En: Regulation, Summer 2015. pp. 50-53. Disponible en: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/6/regulation-v38n2-1.pdf. Ver también la página 8 de la Decisión comentada: https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/$file/15-1063-1619173.pdf
[4] Traducción libre del original en inglés: “Critically, we do not inquire as to whether the agency’s decision is wise as a policy matter; indeed, we are forbidden from substituting our judgment for that of the agency.” Nor do we inquire whether “some or many economists would disapprove of the [agency’s] approach” because “we do not sit as a panel of referees on a professional economics journal, but as a panel of generalist judges obliged to defer to a reasonable judgment by an agency acting pursuant to congressionally delegated authority”. (Citas del original omitidas).
[5] A partir de la página 116 de la sentencia, disponible aquí: https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/$file/15-1063-1619173.pdf
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Europa, ¡deja en paz a Google! Libre competencia, motores de búsqueda y sistemas operativos

En 2010 escribí para Enfoque Derecho un artículo en el que explicaba por qué no necesariamente Google tenía posición de dominio en el mercado de buscadores de internet; y que, incluso si la tuviera, no tenía la obligación de ser neutral en sus sistemas de búsqueda. En ese momento, la Unión Europea anunció que estaba investigando cómo Google habría usado su buscador para orientar a los usuarios hacia sus propios servicios (por ejemplo, si tu googleabas el título de el último libro de Jonathan Franzen llevarte a Google Shopping antes que a Amazon, que sería la “mejor” opción).

Googleopoly

Imagen: https://boardgamegeek.com/thread/307602/googleopoly

Luego de más de cinco años de investigación y diversos ofrecimientos por parte de Google que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea rechazó (la DG, el órgano encargado de perseguir las prácticas anticompetitivas en la Unión Europea) en 2015 se anunció que se iniciaría un proceso formal contra el gigante de búsquedas en internet.

En 2016, además, la DG inició una denuncia formal (la nota de prensa se puede consultar aquí) contra Google por supuestamente abusar de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos para teléfonos móviles por imponer restricciones para el uso de su sistema operativo “Android”. Según la declaración de la DG, Google habría violado la normativa de libre competencia al:

  1. Requerir a los a los fabricantes de teléfonos pre-instalar las aplicaciones Google Search (herramienta de búsqueda) y Google Chrome (navegador) como condición para licenciarles otras aplicaciones;
  2. Prohibir a los fabricantes que vendan smartphones que funcionen con sistemas operativos basados en el código abierto de Android;
  3. Dar incentivos financieros a fabricantes y operadores de red (compañías de teléfono, por ejemplo) para pre-instalar Google Search en los equipos que vendan.

El caso puede clasificarse, en la jerga del Derecho de la Libre Competencia como uno de “atadura”: buscar apalancarse en la posición de dominio de un mercado (el de sistemas operativos o el de búsquedas) para consolidarla en otro mercado separado[1] pero relacionado (el de aplicaciones, el de búsquedas en aparatos móviles).

Para determinar que Google ha abusado de su posición dominante con esta atadura, obviamente, la DG ha asumido que tiene dicha posición. No hemos tenido acceso al análisis de la DG al respecto, pero la nota de prensa deja entrever que Google tiene posición de dominio en tres mercados separados; el de búsquedas en internet, el de sistemas operativos móviles y el de tiendas de aplicaciones para el sistema operativo Android; dado que tiene cuotas de mercado de más de 90% en cada uno de estos mercados (en Europa, ojo).

El caso es interesante, en primer lugar, porque la premisa de que Google cuenta con posición de dominio normalmente no es cuestionada. Es difícil, por cierto, e implica analizar información con la que no contamos y que además excedería el espacio de un post (si quieren profundizar en la metodología para determinar la posición de dominio, les sugiero hacer click aquí). No obstante ello, creo que hay factores importantes a tomar en cuenta para, por lo menos, discutir dicha premisa.

Una alta cuota de mercado, para empezar, no es un factor determinante para determinar la existencia de una posición de dominio. Incluso una empresa con un 100% de cuota de mercado (un monopolio en el sentido coloquial del término) puede no tener posición de dominio si el mercado es “contestable”. Según la “teoría de los mercados contestables” [2] cualquier aumento del precio[3] sobre el costo marginal es una “irresistible oportunidad de entrada” al mercado para otras empresas. Estas empresas son competencia potencial que debe ser tomada en cuenta al analizar la posición de dominio de nuestro supuesto monopolista.

En el caso de las plataformas de internet es importante considerar que aunque estas sean empresas con un liderazgo importante e incluso sean multimillonarias, el próximo gigante puede venir desde otro mercado (relacionado o no tanto); y las barreras de acceso al mercado son relativamente bajas. Google nació en el mercado de búsquedas pero hoy es mucho más que eso. Facebook fue creada por un estudiante con muy pocos recursos y en el 2007 algunos se preguntaban si “MySpace algún día perdería su monopolio” (muchos de ustedes ni recordarán que era MySpace). El mismo Facebook, aunque no sea un motor de búsqueda, constituye una amenaza competitiva para Google, ya que se está constituyendo en la “puerta” a través de la cual entramos a internet. Ahora “buscamos” menos y más bien accedemos a lo que nos comparten nuestros contactos.

En términos generales, lo que quiero decir es que en el internet los “monopolios” son más vulnerables de lo que eran en las industrias tradicionales. Los barreras de entrada que representan las regulaciones y enormes costos fijos son, en gran medida, menores. Algo parecido pasa con los sistemas operativos: cuando Google adquirió Android y entró al mercado de sistemas operativos para móviles por ejemplo, el dominio de Apple (iOS) y Blackberry era “indiscutible”. Hoy Blackberry está al borde de la desaparición.

En segundo lugar, y asumiendo por un momento que Google tiene posición de dominio; creo que también es interesante discutir los posibles efectos de un abuso de Google. ¿Están las conductas de Google causando un daño al consumidor? ¿Le están dando realmente más poder de mercado?

En el caso de los servicios de búsqueda, mi impresión es que no. Dado que existen otros servicios de búsqueda como Bing o Yahoo, la competencia está “a un click de distancia”. No existen, además, para los consumidores barreras significativas para cambiarse de motor de búsqueda: no pagamos una suscripción que nos “amarre” con alguno de ellos y todos están disponibles online.

Si Google tiene un “monopolio”, entonces, es debido a que ofrece un producto superior. La teoría señala que un monopolista competirá de forma “ociosa” y se limitará a extraer beneficios del consumidor sin mejorar sus productos. Esto no es cierto en el caso de Google. La empresa ha seguido innovando y mejorando su servicio. Hoy por ejemplo, allí donde antes nos ofrecía una mera relación de links, los resultados de búsqueda nos ofrecen información inmediata. Mientras escribía este post andaba de visita en Washington, DC. Al googlear “Washington DC zoo” Google no sólo me remitió a links con información sobre el zoológico, sino que me mostró directamente la dirección, las horas de funcionamiento, e incluso cuáles son las horas con mayor afluencia de público.

búsqueda panda

Pantallazo de búsqueda en Google. No sólo links, sino información relevante.

Claro, el hecho de que Google muestre cierta información de manera privilegiada es para algunos precisamente lo que facilita que dé un tratamiento favorable (discriminatorio, dirían) a cierto tipo de información.  [Esto podría ser, por cierto, un caso de protección al consumidor si se considera que debe existir transparencia sobre este tipo de prácticas; pero eso puede ser materia de otro post].

Como señala Joshua Wright, sin embargo, “el mero sesgo no es evidencia de algún daño anticompetitivo”. El daño debe ser probado con evidencia económica y debe ser un daño a la competencia y a los consumidores, no daño a otros competidores o websites. Google destaca y debe poder destacar ciertas webs porque son las que los consumidores prefieren. Y eso es procompetitivo, no anticompetitivo.

En el caso de las conductas relativas al sistema operativo Android, el tema es un poco más complicado, ya que se trata de mercados con mayores barreras de entrada. El usuario de un sistema operativo si puede tener mayores dificultades para cambiarse a otro. Dicho esto, hay que considerar que Apple y su sistema operativo (iOS) para iPhones constituyen una fuerte competencia para Android. Google tiene incentivos para mantener Android más “abierto” y no más cerrado. Abusar de su posición de dominio puede alienar a los desarrolladores de aplicaciones y a los consumidores; lo cual puede trasladar la demanda a Apple o incentivar a los productores de teléfonos a innovar en sus sistemas operativos propios (Windows Phone no parece por ahora competencia seria, pero pueden surgir otros similares).

Un punto interesante al que hace referencia Richard Cadman en el blog Competition Policy es que si Google es en efecto dominante en los dos mercados (sistemas operativos y búsquedas) ¿cuál es entonces el incentivo para la atadura?

No pretendo, por supuesto, llegar al extremo de que a Google/Android se le deje hacer en Europa “lo que le dé la gana”. Obviamente, si la empresa incurre en conductas realmente anticompetitivas deberá ser sancionada. Pero el enfoque debe ser el proteger a la competencia y a los consumidores; no a competidores que quieren un acceso más fácil a las plataformas diseñadas y promovidas por otras empresas más eficientes.

Si no hay evidencia de exclusión y de daños evidentes al consumidor, le pediría a la Comisión Europea que deje a Google (innovar y darnos un buen servicio) en paz.

P.S.: El maestro Randall Picker, profesor de la Universidad de Chicago y experto en plataformas de internet, se pregunta por qué la DG va tras Google y no tras Apple, que tiene un sistema operativo más “cerrado”: http://www.theverge.com/2016/4/25/11490452/why-eu-antitrust-google-android-not-apple

[1] Es importante el detalles de que los mercados sean separados porque si no la “atadura” de dos productos puede ser razonable y beneficiosa para el consumidor. No podemos hablar de una atadura, ene ese sentido, si el fabricante de un automóvil lo vende con una marca determinada de llantas o de faros.
[2] BAUMOL, William J. Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure. En: American Economic Review. Vol. 72, No. 1. Marzo de 1982. pp. 4-5.
[3] Algunos de los servicios que Google (sus buscadores, por ejemplo) ofrece son “gratuitos” en el sentido de que no pagamos un precio monetario por acceder a ellos. Sin embargo, los anunciantes sí pagan por aparecer en los anuncios y nosotros los consumidores sí “pagamos” en términos de estar sometidos a más anuncios.
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Contra el “liberalismo brutal”

El proceso electoral despierta, debido a su polarización, lo peor de los peruanos. Racismo, clasismo y, en general, desprecio por “el otro” –que no reconocemos como igual–, son pan de cada día. Son ignorantes los votantes de izquierda; son ignorantes los votantes del sur; son ignorantes y/o corruptos los votantes del fujimorismo.

Web MZ post Liberalismo

Imagen: Fernando Vicente. Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/01/24/opinion/1390564257_262878.html

Mucha de esa polarización se ha centrado en la superioridad de la economía de mercado sobre el socialismo (o viceversa), y en esa disputa también han proliferado las descalificaciones. Gente de todos los “bandos” ha caído en ese lamentable juego; pero personalmente me preocupa que varios autodenominados liberales lo hayan hecho, mostrando escasa o nula empatía por quienes reclaman una mayor intervención del Estado en la economía; o simplemente mayor Estado en funciones que incluso la ideología liberal reconoce. Se ha llegado a tildar a los votantes de izquierda de “ignorantes”, de querer un “puestito” en el gobierno, de “vagos”, de “anti-sistema”, de “comunistas” y hasta de “terrucos”.

Aunque creo firmemente en la superioridad de la economía de mercado sobre el socialismo como sistema de asignación de recursos; el liberalismo tendrá siempre una gran desventaja, sobre todo en un país como el nuestro, si no es empático (y en los izquierdistas uno generalmente sí encuentra empatía); y si no conecta con nuestra realidad.

Hace algunos meses, Jeffrey Tucker publicó un genial ensayo contra el “libertarismo brutal” (“Against Libertarian Brutalism”)[1] en el que, valiéndose de una analogía con una corriente arquitectónica (el “brutalismo”), critica al liberalismo que “reduce la teoría a sus más crudas y fundamentales partes, y aboga por la aplicación de esas partes en primer término. Pone a prueba los límites de la idea al deshacerse de toda elegancia, refinamiento, gracia y equipamiento. No le importa la causa mayor de la civilidad ni la belleza del resultado”[2].

Yo diría, en términos más simples que los de Tucker, que ponemos la idea por encima de las personas (sobre todo, de “el otro”); lo cual le quita todo el mérito a toda idea y a todo sistema de organización político o económico de la sociedad. Da la impresión, a juzgar por ciertas opiniones y comentarios, de que algunos liberales lo son no porque piensan que la economía de mercado nos conduce a una mejor sociedad; sino porque quieren proteger su propio status, incluso si eso implica aceptar situaciones injustas de pobreza, discriminación y desigualdad extrema.

No es este, por cierto, un llamado a un liberalismo que comprometa sus principios (la coherencia es importante, finalmente), pero sí a uno que sea empático, humilde y abierto a adoptar soluciones de compromiso.

El liberalismo debe ser empático. No sólo por razones elementales de decencia humana; sino porque eso ayudará a hacer su mensaje más sólido. Se me ocurre, por ejemplo, que al discutir el tema de la remuneración mínima vital, no basta explicar que genera desempleo o informalidad. Eso puede ser y es percibido como un mensaje que “toma más en cuenta los números que a la gente”. Hay que explicar que si se está en contra o se pide cautela al regular el sueldo mínimo es porque precisamente afecta a los más pobres, cerrándoles la puerta del mercado laboral. Los liberales debemos dejar claro que nos importa “el otro”.

El liberalismo debe ser humilde, incluso cuando sepamos (digo, cuando sea el caso, que no siempre lo es) más que el otro de economía o de políticas públicas. No olvidemos que uno de los argumentos para apostar por un sistema de libre intercambio tiene que ver precisamente con nuestra ignorancia sobre las necesidades y preferencias subjetivas del individuo. En palabras de Hayek (The Case for Freedom), “la posición en defensa de las libertades individuales descansa principalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable ignorancia en lo que respecta a muchos de los factores de los que depende la consecución de nuestros objetivos y nuestro bienestar[3]. Esto implica aceptar (y saber explicar) que las soluciones liberales no conducen a un estado ideal de las cosas (ningún sistema lo hace), y que los mercados perfectos no existen. Esto implica, además, aceptar que en ocasiones las intervenciones en el mercado se justifican y hasta funcionan bien.

El liberalismo debe ser abierto a soluciones de compromiso. Debemos dejar claro, para empezar, que nos importan la democracia y las instituciones, y que respetamos los acuerdos a los que se llega en democracia incluso cuando se aparten del “modelo” liberal. Debemos dejar claro no estamos dispuestos a adoptar “atajos” hacia una sociedad más liberal. No podemos ser lo que Mario Vargas Llosa llama “logaritmos vivientes”, “dispuestos a hacer tales concesiones en el campo político a la extrema derecha y al neofascismo que han contribuido a desprestigiar las ideas liberales y a que se las vea como una máscara de la reacción y la explotación[4].

Por otro lado, como bien apunta Tyler Cowen, debemos aceptar que muchas veces la batalla por la libertad trae consigo, paradójicamente, más Estado[5]. Hay que aceptar que a veces las reformas liberales vienen “en paquete” con otras que no encajan en el recetario; o que a veces implican crear derechos o intervenciones estatales que en abstracto no nos parecen necesarias ni ideales[6].

Si no adoptamos estas tres actitudes, los liberales estaremos destinados a no salir de debates poco fructíferos y, por ende, a no avanzar la causa liberal. Estaremos, además, destinados a ser etiquetados como egoístas, individualistas o, peor aun, brutos.

—————–

[1] No trataré en este post las diferencias entre liberalismo y libertarianismo. Baste por ahora aclarar que el análisis planteado por Tucker aplica también a los liberales.
[2] Traducción libre del siguiente texto: “It strips down the theory to its rawest and most fundamental parts and pushes the application of those parts to the foreground. It tests the limits of the idea by tossing out the finesse, the refinements, the grace, the decency, the accoutrements. It cares nothing for the larger cause of civility and the beauty of results”.
[3] Traducción libre del siguiente texto: “The case for individual freedom rests chiefly on the recognition of the inevitable ignorance of all of us concerning a great many of the factors on which the achievement of our ends and welfare depends”.
[4] VARGAS LLOSA, Mario. Liberales y liberales. Diario El País, 25 de enero de 2014. Disponible en: http://elpais.com/elpais/2014/01/24/opinion/1390564257_262878.html
[5] COWEN, Tyler. The Paradox of Libertarianism. 11 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.cato-unbound.org/2007/03/11/tyler-cowen/paradox-libertarianism
[6] Se me ocurre, por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario. Aunque lo ideal es que el Estado no regule el matrimonio, dado que lo regula para las parejas heterosexuales es necesario que lo regule también para las parejas homosexuales a fin de brindarles igualdad ante la Ley y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida más libremente.
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¿Puede Facebook “censurar” esta obra de arte?

Web MZ el origen del mundo
Imagen: “El origen del mundo”, del pintor francés Gustave Coubert. Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/03/05/54f8cc6422601de30a8b4573.html

Tranquilos, tranquilos, mi página no se volvió porno (¡aunque no haya nada de malo con eso!). En primer lugar, porque esto no es pornografía, es una obra de arte (aunque no exenta de controversia). Se trata de la pintura “El origen del mundo” (“L’Origine du Monde”) del pintor francés Gustave Courbet, que se expone nada menos que en el prestigioso museo D’Orsay de París. En segundo lugar, porque la foto viene al caso para discutir un interesante problema legal.

Sucede que hace algunas semanas, como relata este artículo de Motherboard, una corte de París declaró que Facebook debía reactivar la cuenta de un profesor parisino en su red social, desactivada en 2011, además de indemnizarlo con US$ 22,250. “Este es un caso de libertad de expresión y censura en una red social” (énfasis nuestro), declaró el profesor Frederic Durand-Baissas. “Si Facebook no puede ver la diferencia entre una obra maestra y una imagen pornográfica, nosotros los franceses si podemos”.

El caso generó dos discusiones legales. Una de ellas era la de la jurisdicción: ¿Puede una corte francesa ver el caso, pese a que los términos de servicio de Facebook señalaban como competente a una corte de Santa Clara, California (sede de Facebok)? La otra, más de fondo: ¿Tiene derecho Facebook a remover la imagen?

Según la corte antes citada, la respuesta a la primera pregunta es sí. Una Corte francesa puede declarar inválidos los términos de servicio de Facebook porque sería “muy abusivo” obligar a sus consumidores a demandar en los Estados Unidos de América. Me queda claro que la regulación francesa y comunitaria de las cláusulas abusivas puede perfectamente respaldar ese razonamiento legal. Desde un punto de vista de políticas públicas, sin embargo, resulta bastante discutible obligar a una empresa someterse a todas y cada una de las jurisdicciones en las que tiene usuarios (sobre todo en la época del internet). Ciertamente Facebook puede asumir dicho costo. ¿Podrá cada nueva plataforma o red social que entre al mercado? ¿No estamos acaso favoreciendo a las empresas incumbentes con esta regla? Se puede argumentar que el costo es igual de irrazonable para los consumidores. La gran diferencia es que el consumidor sí se estaría sometiendo voluntariamente a dicha jurisdicción (así como yo me sometí a las condiciones de WordPress para abrir esta página. Si tenemos algún problema deberé demandarlos en San Francisco).

En cuanto a la posibilidad de que Facebook remueva una imagen conteniendo desnudos de su red social, la corte francesa todavía no se pronuncia.

¿Qué creo yo? Creo que en primer lugar, debe quedar claro que este no debe ser considerado un caso de censura. Como comentaba en este post anterior, el término censura sólo debe ser aplicado allí donde el Estado (o quizá un privado, ejerciendo violencia o amenaza de violencia) limite nuestra posibilidad de expresarnos. Que un privado nos quite dicha posibilidad sólo en el foro, red o recinto de su propiedad no afecta nuestra libertad de expresarnos, pues podemos ejercerla en otros foros.

Tal Robert Tracinski señala en este buen artículo en The Federalist en el que critica el “Consejo de Confianza y Seguridad” creado por Twitter a fin de suspender cuentas que contengan lenguaje de odio u ofensivo: “tanto desde el punto de vista legal como filosófico, este no es un asunto de libertad de expresión o censura. Censura es lo que pasa cunado un gobierno te impide expresar tu opinión. Pero servicios de internet como Twitter, Facebook o Reddit son redes privadas que tienen derecho a fijar sus propias reglas”[1].

Personalmente, estoy en desacuerdo con que Facebook impida colgar cuadros como “El Origen del Mundo” (o estás nalgas, para tal caso). Pero este es un caso que se tiene que resolver en función a los propios términos del servicio. No podemos, sin más, pasar por alto lo que el consumidor y Facebook contratan. Es importante que una red social como Facebook tenga el derecho de determinar las reglas de acceso a su propia plataforma. Ella, finalmente, está en mejor posición de determinar qué tipo de contenidos pueden ser ofensivos para sus otros usuarios. Incluso, puede haber temas de seguridad y privacidad involucrados (piensen en las tácticas usadas por los pedófilos por ejemplo). Facebook tiene que hilar fino para lograr un equilibrio entre seguridad, privacidad y “decencia” en su red, por un lado, y el riesgo de molestar a usuarios con una sensibilidad artística más liberal. Creo que inclinarse por un lado u otro de algunas zonas grises no debe ocasionarles problemas legales.

Según los términos de servicio de Facebook (versión al 30 de enero de 2015) los usuarios no deberán publicar “contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada”. Hasta aquí el caso parecería claro. No desnudos. Sin embargo, también encontré estas “normas comunitarias”, según las cuales: “(sí) permitimos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas”.

Puede argumentarse que el concepto de arte es subjetivo; pero creo que Facebook va a tener difícil  argumentar –sobre todo en Francia- que la obra de Courbet “no es arte”.

Ahora bien, si los términos de servicio de Facebook fueran más claros, en el sentido de que no permiten ningún tipo de desnudos en su red; una Corte no debería obligarlos a que los mantengan en línea. No podemos obligarlos (no legalmente, al menos) a que no sean conservadores. Así, desincentivamos el surgimiento de redes alternativas que sean un poco más “open mind”.

Sí podemos, sin embargo, ser activos como consumidores y presionar por cambios allí donde nos parezca que algunas redes son demasiado recelosas con sus filtros.

[1] Traducción libre del siguiente texto: As both a legal and philosophical issue, this is not a matter of freedom of speech vs. censorship. Censorship is what happens when a government prevents you from expressing your opinion. But Internet services like Twitter, Facebook, or Reddit are privately run networks and entitled to set their own rules”.
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Otra vez la embarró Petro-Perú: ¿son las empresas estatales per se ineficientes?

“—Dime una cosa, Jon: si llegara un día en que tu padre tuviera que
elegir entre su honor y sus seres amados, ¿qué haría?
—Haría lo correcto. Pasara lo que pasara.
—Entonces Lord Eddard es un hombre entre diez mil.
La mayoría no somos tan fuertes”. 
George R.R. Martin.
Juego de Tronos. Canción de Hielo y Fuego, No. 1.

 

Mientras escribo estas líneas, cientos de personas trabajan para remediar (o para minimizar el daño, ya que en buena medida los daños serán irreparables) los dos derrames que han afectado la Amazonía peruana en las últimas semanas. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha sido claro en señalar que Petro-Perú es la única responsable de estos daños, debido a un inadecuado manejo de los oleoductos que recorren la zona.

 

Web MZ imagen Petroperu

Foto: El Comercio

Sería muy oportunista de parte de quienes creemos en el rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado señalar que la negligencia e ineficiencia de Petro-Perú en este grave caso se debe exclusivamente a su condición de empresa estatal. Petroleras privadas también se ha visto involucradas en casos similares. Vemos muchos casos de empresas privadas que también son ineficientes y no mantienen adecuadamente su infraestructura.

Sin embargo, creemos que quienes creen en la presencia del Estado en ciertas “industrias estratégicas” sí pueden hacer algunas reflexiones:

  • Una empresa estatal no es garantía de un mayor cumplimiento de la ley ni de un comportamiento más altruista; ni de que se actúe “en interés de todos los peruanos”. Petro-Perú venía incumpliendo sistemáticamente el plan de adecuación de sus ductos. Esto, entonces, no es un mero accidente. El manejo posterior, incluso, ha sido muy malo. Su presidente incluso habría mentido al ser cuestionado acerca de la contaminación del río Chiriaco.
  • El satanizado “fin de lucro” ¿no existe acaso en el Estado? ¿No se amplían (innecesariamente) los puestos de trabajo?, ¿no se aumentan los ya generosos sueldos o dietas sus funcionarios? ¿No se busca ampliar las cuotas de poder? Que no se entreguen dividendos no quiere decir que no haya codicia (y mientras tanto los ductos, bien gracias).
  • La multa la terminaremos asumiendo todos los peruanos. No se trata sólo de los S/. 12 millones impuestos por OSINERGMIN (por incumplir procedimientos de seguridad). Sobre eso, el OEFA podría aplicar una multa (por daños al medio ambiente) de aproximadamente S/. 59 millones.

Muchos señalan que Petro-Perú no es per-se ineficiente: “el asumir que el Estado es ineficiente es una posición meramente ideológica”. Y sí, si uno parte de una ideología liberal, la regla general es que el Estado actúe sólo como un garante del cumplimento de la Ley, no como un empresario. Pero esta posición ideológica tiene sustento en la lógica y en los hechos. En primer lugar, los peruanos no podemos olvidar el fracaso que significó la aventura del Estado empresario en los 70’s y 80’s. Como reseña ComexPerú en este post: “(d)e acuerdo con el IPE [Instituto Peruano de Economía], en 1969, a inicios de la dictadura militar de Velasco Alvarado, las pérdidas acumuladas de las empresas públicas ascendían a solo US$ 46 millones. Una década después, estas sumaban US$ 2,481 millones (equivalentes al 10% del PBI), esto es, se multiplicaron por 54 en tan solo diez años”. Un desastre.

Petro-Perú, en particular ha tenido siempre una larga historia de corruptelas e ineficiencia. Ver, por ejemplo, aquí la opinión de Hans Rothgiesser (@mildemonios), o esta dura opinión de Pablo Secada. La historia reciente, además, nos permite afirmar que Petro-Perú ha ocasionado 21 (¡21!) derrames en los últimos 5 años.

Pero…. pero… ¿acaso no hay empresas estatales en otros países que son eficientes? Sí, hay casos. Es posible, al menos en teoría, generar incentivos contractuales para alinear intereses entre los administradores y empleados de una empresa pública y el Estado y los ciudadanos, a fin de asegurarse de que su actuar sea eficiente.

Pero hay que partir por reconocer que es un tema de incentivos. Y eso es algo a lo que un sector (principalmente, desde la izquierda) no se quiere reconocer (¿y ellos nos acusan de ideológicos?).

Veamos el caso de los países nórdicos, frecuentemente citados como “ejemplos”[1] de que el socialismo puede funcionar bien. Como destaca este artículo de The Economist de 2013, los noruegos han entendido la importancia de los incentivos:

“En lo que respecta a los servicios públicos, los nórdicos han sido igualmente pragmáticos. Mientras los servicios públicos funciones, no les interesa quien los preste. Dinamarca y Noruega permiten que las empresas públicas manejen hospitales públicos. Suecia tienen un sistema universal de vouchers que permite que las escuelas privadas con fines de lucro compitan con escuelas públicas. Dinamarca también tiene vouchers –que pueden ser complementados con ingresos propios. Cuando se trata de oportunidades para elegir, Milton Friedman estaría más cómodo en Estocolmo que en Washington, DC”[2].

Otro artículo de The Economist explica cómo Suecia es el líder mundial en lo que se refiere a la privatización de la gestión de servicios públicos. Específicamente, en lo que se refiere a hospitales públicos, empresas privadas proveen el 20% de la atención hospitalaria y 30% de la atención médica primaria. El artículo relata el caso del Hospital Saint Goran, un emblema del “Estado de Bienestar” sueco, hoy administrado por Capio, una empresa privada. Los doctores y enfermeras son empleados de esta empresa, y responden ante sus gerentes y aplican criterios aplicados en empresas privadas para fomentar la eficiencia e innovación (de hecho, el “modelo Toyota de producción” parece ser el mantra del hospital). Sin reducir la calidad del servicio, y reduciendo sus costos (de ahí provienen sus ganancias) Capio ha minimizado el tiempo de internamiento de los pacientes y la probabilidad de que contraigan infecciones. El tratamiento todavía es gratuito (aplica un pago simbólico), pero, más allá de que Suecia haya mantenido su “Estado del Bienestar”, claramente ha asumido que los costos y los incentivos no pueden dejar de ser tomados en cuenta. Pero claro, cuando tratamos de hacer algo así en el Perú, los sindicatos y sus candidatos ponen el grito en el cielo y denuncian “privatizaciones encubiertas”.

Ahora bien, por más incentivos contractuales que pongamos, el Estado nunca tendrá los mismos incentivos de propiedad que una empresa privada. En la empresa privada, si ésta es mal manejada, el accionista pierde su plata. En el caso de la empresa pública, si estas es mal manejada, el gobernante de turno pierde nuestra plata. Por eso es que muchas veces las empresas públicas se manejan persiguiendo fines políticos. Por eso SEDAPAL gasta plata en poner agua en nuevos asentamientos humanos que no estaban previstos en sus planes de expansión de red, o mantiene demasiado bajas las tarifas; antes que dar un buen mantenimiento a sus redes. Lo primero da rédito político en el corto plazo, lo segundo no. Esto es algo que reconocen incluso entusiastas de la actividad empresarial del Estado como Humberto Campodónico. Sin instituciones fuertes y buen gobierno corporativo, toda empresa pública es susceptible a este tipo de manejos.

En el caso de la actividad empresarial del Estado, además, hay que tomar en cuenta que no sólo es que no se den los incentivos correctos. También pasa que se generan incentivos perversos. Acaso el más peligroso es que el Estado se vuelva “juez y parte” en un determinado mercado. En el caso de puntual de los últimos derrames ocasionados por Petro-Perú, creo que Osinergmin y el OEFA están actuando adecuadamente. Pero en el pasado se han dado casos en los que ha habido laxitud con las empresas estatales. Hoy en día tenemos buenos funcionarios en el puesto, pero no hay garantías de que eso se mantenga así.

Finalmente, no podemos olvidar, tampoco, que hay un problema de recurso humano. No hay suficientes buenos funcionarios para hacer bien todo lo que tiene que hacer el Estado. Lo ideal sería que el Estado se concentre en sus tareas más básicas: seguridad, justicia, infraestructura, salud, educación, entre otras. Para ponerlo de otro modo: es un crimen incrementar gerencias en Petro-Perú cuando hay localidades sin postas ni comisarías. Hay zonas en las que en efecto hay “muy poco Estado” o el Estado sencillamente no existe. Prioricemos.

Sin ánimo de cerrar el debate; reflexionemos sobre estos puntos la próxima vez que propongan “reforzar” o “modernizar” esta empresa; y antes de proponer otras aventuras empresariales del Estado. La mayoría de personas no somos tan fuertes como Eddard Stark, así que necesitamos los incentivos correctos.

[1] Entre comillas, ya que lo que los nórdicos tienen no es socialismo. Si bien es cierto que se trata, en general, de países con altos impuestos y un fuerte gasto público, los agentes económicos suelen gozar de una fuerte protección a la propiedad y una amplia libertad empresarial. Vean el artículo de Nina Sanandaji que cito en este post: https://mariozuniga.org/2016/01/18/los-diez-mejores-articulos-de-politicas-publicas-del-2015/
[2] Traducción original del siguiente texto: “On public services the Nordics have been similarly pragmatic. So long as public services work, they do not mind who provides them. Denmark and Norway allow private firms to run public hospitals. Sweden has a universal system of school vouchers, with private for-profit schools competing with public schools. Denmark also has vouchers—but ones that you can top up. When it comes to choice, Milton Friedman would be more at home in Stockholm than in Washington, DC”.
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TPP: ¿El tratado de la muerte?

Hace tiempo que quería escribir algo sobre el Tratado de Asociación Transpacífico (a.k.a. “TPP”, por sus siglas en inglés); pero simplemente no podía, ya que no tenía idea de qué trataba. He aquí una primera crítica al procedimiento de aprobación: poco transparente. Y si bien soy consciente de que no se podía publicar el texto del tratado porque se estaba negociando (obvio), hubiera sido ideal que el Ministerio de Comercio nos dé más y mejor información sobre qué se negociaba y qué era lo que el Perú podía ganar con el tratado (se podían publicar algunos borradores, por ejemplo). Desde que acabaron las negociaciones ya se puede consultar el texto del tratado, aquí.

Más allá de eso, en cuanto al fondo ¿es bueno o malo? La respuesta corta: es bueno porque reduce aranceles y es malo porque regula algunas otras cosas que creo que no se deben regular en un “tratado de libre comercio “(o, como les digo yo, “tratados de comercio un poquito menos regulado”).

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Lo bueno

Reducir aranceles siempre es una buena noticia. Aunque no les guste a algunas empresas locales, beneficia al consumidor y a la sociedad en su conjunto. Como expliqué en otro lado:

“…estoy de acuerdo con la eliminación (o por lo menos reducción) de aranceles en todos los mercados. Si bien es cierto que la competencia extranjera va a causar un daño a los empresarios locales, este no es otro que el denominado “daño concurrencial” originado en las menores ventas que la competencia te puede quitar (si es que te las quita, porque el número de compradores no es fijo ni limitado, por lo que la entrada de nuevos competidores no implica necesariamente la reducción de ventas de los competidores actuales: es posible que se capten nuevos compradores). La pregunta entonces es ¿por qué el daño concurrencial es lícito cuando es local e “ilícito” (digamos, el Estado lo combate en parte con aranceles) cuando es extranjero? Por lo demás, lo particular del daño concurrencial (a diferencia, por ejemplo, del daño físico) es que no afecta los recursos de quien es perjudicado, sino que los deja libres para hacer negocios con otros compradores (en el extranjero por ejemplo) o incluso para dedicarlos a otras actividades”.

En este sentido, el TPP permite que nuestros exportadores accedan a mejores condiciones con países con las que ya teníamos tratados de libre comercio, como Estados Unidos y Canadá; así como a países con los que no teníamos tratados de libre comercio, como Australia y Nueva Zelanda. Algunos países, incluso, han permitido que se mejoren las condiciones de acceso a productos que solían proteger demasiado (Japón y sus autos y carnes, Canadá a la leche, Estados Unidos el azúcar).

Claro, la pregunta clave acá es ¿están nuestras empresas listas para aprovechar esos beneficios? Sólo una pequeñísima minoría. Es imprescindible, que llevemos también a cabo reformas que hagan nuestra economía de mercado más inclusiva; el denominado “TLC interno” al que se han referido varios economistas y políticos. Como explica Eduardo Morón, esto implica, a grandes rasgos, “un acceso más barato a la formalidad y un Poder Judicial que no implique una ruleta rusa y que permita asociarse. Es significativo que lo que más destaca en la comparación regional es que los peruanos señalan que no confían entre si”. Por ahora, desde el punto de vista de las exportaciones, se beneficiarán algunas empresas peruanas; desde el punto de vista de las importaciones, se beneficiarán tanto negocios locales como los consumidores.

Además, de reducir aranceles, algo bueno que trae el TPP es que reduce (o busca reducir) barreras no arancelarias; estableciendo, por ejemplo, que las restricciones a las importaciones realizadas en virtud de la seguridad, salud o posible daño ambiental deberán estar basadas en evidencia científica. Asimismo, busca simplificar los procedimientos en Aduanas (¡suerte con eso en el Perú!).

Lo malo

Lo malo del TPP es que no es solo un tratado de libre comercio, sino que está “contaminado” por otro tipo de acuerdos que buscan uniformizar la regulación de varios países en temas de propiedad intelectual, competencia, regulación laboral y muchos otros. Estos pueden ser, temo, “Caballos de Troya” para avanzar intereses mercantilistas. Ahora bien, no es tampoco el “tratado de la muerte” como algunos quieren pintar, ni implica “ceder nuestra soberanía a las empresas”[1].

En el caso de la propiedad intelectual, por ejemplo, se teme mucho que suban los precios de las medicinas debido a las protecciones adicionales que se daría a la propiedad intelectual. Creo que esos miedos son en gran medida infundados. Como señala El Comercio:

“… Estados Unidos buscaba ampliar la protección de patentes biológicas –una nueva generación de medicamentos para tratar enfermedades como el VIH y el cáncer– hasta por 12 años adicionales a los 20 ya establecidos. Finalmente, se conoció que el plazo de patentes se mantendrá en 20 años –como establece la ley peruana desde 1993–.

El tratado garantiza una protección de cinco años de los datos de prueba para los medicamentos de origen biológico, pero ello no tendrá un impacto efectivo en más de una década ni se traducirá necesariamente en mayores precios. Como recordó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, pese a las alertas de un sector de la población cuando se firmó el TLC con Estados Unidos sobre el potencial incremento en el precio de las medicinas, estas aumentaron solo 2,9% al año del 2011 al 2014, mientras que la inflación anual en ese período fue de 3,2% en promedio”.

Cabe agregar, además, que los Estados mantienen la capacidad de restringir el goce de los derechos de propiedad intelectual en casos de emergencia de salud pública[2].

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son “reforzados” en lo referido a lo farmacéutico, sino que también en internet. Aunque mucho de esto ya estaba en el TLC con Estados Unidos, como precisa Miguel Morachimo, se hace incidencia en la responsabilidad de los proveedores del servicio de internet de castigar a sus usuarios que infrinjan derechos de autor. Esto puede afectar tanto a las empresas prestadoras del servicio (imponiéndoles costos de supervisión que no necesariamente deberían asumir) como a los usuarios que compartan música, películas o libros “indebidamente” (¿tuitear un link a un torrent, por ejemplo?).

En cuanto a los sistema de solución de controversias para la protección de inversiones (arbitraje privado contra los Estados); algunos afirman que esto implica “pasar por encima” de las autoridades locales, ya que las empresas pueden demandar al Estado en un foro internacional (el CIADI). Sí, claro, lo ideal es que los conflictos en la aplicación de nuestras normas sean resueltas por nuestras autoridades, pero veo esto como un mal necesario para atraer la inversión (algo así como los convenios de estabilidad jurídica): mientras no tengamos un Poder Judicial decente, necesitaremos recurrir a esto para darle un poco de garantías al inversionista[3].

El capítulo de telecomunicaciones contiene obligaciones de compartir sus redes para los “operadores importantes” que equivalen al “socialismo de infraestructura” que he criticado en otro lugar.

Así, hay muchos más temas regulados: contratación pública, derechos laborales, regulación ambiental, entre otros, aunque no puedo analizarlos aquí todos; sería demasiado para mí y para ustedes. La idea general es que todos esos temas, creo, no deberían ser negociados junto con la reducción de aranceles; y al final terminan comprometiéndonos a regulaciones que no necesariamente liberalizan el comercio.

En el balance, creo que el tratado será positivo, debido a las puertas que abre para el libre (un poquito más libre) comercio, pero debemos estar atentos al marco legal que se aprobará para implementarlo. No vaya a ser que como con el TLC publiquen decenas de Decretos Legislativos sin mayor debate.

[1] Obvio, todo tratado implica ceder al menos una parte de tu soberanía, porque haces compromisos con otros países. Pero esto no quiere decir que ningún otro país “nos controle” ni menos aún alguna empresa transnacional. El TPP no sólo debe ser ratificado por el Congreso, sino que además puede ser denunciado posteriormente. Ver el artículo 30.6 del texto del tratado, aquí.
[2] Artículo 18.6 del TPP: “las Partes afirman que este Capítulo puede y deberá ser interpretado e implementado de manera que apoye el derecho de cada Parte de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a medicinas para todos. Cada Parte tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, entendiéndose que las crisis de salud pública, incluyendo aquéllas relacionadas con el VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”.
[3] Además, como me explica mi amigo Alonso Gurmendi (@Alonso_GD), el Estado peruano tiene un récord de defensa exitoso en estos casos. Cuando no se han ganado, han sido victorias pírricas para los inversionistas demandantes.
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“La gran apuesta” y la crisis financiera

La semana pasada fui a ver “La Gran Apuesta” (“The Big Short”, Adam McKay, 2015), película sobre la crisis financiera del 2008 basada en el libro del mismo nombre de Michael Lewis (que, por cierto, recomiendo para entender lo que pasó con mucha más profundidad; además de “Boomerang“, para entender las crisis fiscales que siguieron a la financiera). La película es muy buena. Buen guión, buenos actores (Christian Bale y Steve Carell destacan en particular) e ingeniosas formas de explicar en fácil lo difícil. Es un mérito, obviamente, explicar que es un bono respaldado por hipotecas, una “deuda garantizada” y luego una “deuda garantizada sintética” sin que nos aburramos. Altamente recomendable.

Pero este no es un blog de cine, sino de regulación y políticas públicas. Lo que quería preguntarme en este post es si la narrativa de la película refleja cuáles fueron las verdaderas razones de la crisis financiera. Esto resulta sumamente importante porque muchas veces los grandes problemas se sobre simplifican y una determinada narrativa es la que predomina (con “malos” y “buenos”). Esto influye en la gente y, luego, en los políticos. Si la narrativa que predomina no es la correcta, o es incompleta, corremos el riesgo de adoptar políticas públicas poco sensatas o ineficaces.

La metáfora de la “jenga” es genial.

La película, creo, explica bien una parte del problema: un grupo de inversionistas y bancos; entre avaros, negligentes y hasta delincuentes, creó productos poco transparentes y muy riesgosos para hacer mucho dinero. Estos productos (bonos respaldados por conjuntos de hipotecas) eran poco transparentes, ya sea por que eran demasiado complicados o simplemente porque tenían información falsa; y eran cotizados a un valor mucho mayor que su valor real. Con este producto se “levantaba” más plata del mercado para seguir financiando préstamos a quienes en realidad no tenían dinero para pagarlos. Gente que tenía ingresos moderados (la striper en la película, la niñera de Eisman como se narra en el libro) se compraban no sólo una, sino dos o tres casas. Esto, que normalmente sería un problema, era asolapado por el hecho de que el valor de las casas “siempre subía”, por lo que los bancos sentían que tenían garantías suficientes y eran “flexibles” para refinanciar los créditos. La farra duró tanto tiempo porque todos asumían que los valores de las casas seguirían subiendo.

Todo esto, que la película narra de manera genial, es cierto e indudablemente es una de las más importantes causas de la crisis financiera.

El tema es que esta parte de la historia, por sí sola, nos puede llevar a concluir que la solución es más regulación: que se prohiban cierto tipo de productos o inversiones, que más operaciones deban ser supervisadas, que se creen nuevos organismos reguladores o se expandan los poderes de los ya existentes.

Este enfoque del problema, sin embargo, está dejando de lado las fallas institucionales que contribuyeron a la crisis: el Estado dejó de hacer muchas cosas que sí podía hacer e hizo otras cosas que activamente contribuyeron a la crisis.

Como escribí en este post:

No puede negarse, es cierto, que algunos agentes del mercado  incurrieron en conductas fraudulentas (principalmente, esconder los “créditos tóxicos” en sus estados financieros y las valoraciones demasiado “optimistas” de muchas agencias calificadoras de riesgo). Otros, simplemente, arriesgaron demasiado —y ello explica por qué a otros, que fueron más cautos, no les fue tan mal con la crisis e incluso a algunos otros les fue muy bien. Pero el comportamiento “oportunista” y “codicioso” de algunos agentes del mercado no puede ser la única ni la principal explicación de la crisis, si se toma en cuenta que en realidad el afán de lucro de cualquier proveedor de bienes o servicios es una constante en los mercados. No sólo es una constante, sino que puede afirmarse incluso que tal afán de lucro es el motor mismo del funcionamiento de los mercados. Es el que nos impulsa a innovar, a ahorrar costos, a ser más eficiente, a ofrecer mejores y más diversos productos y servicios.

Quien afirma que la codicia de algunos banqueros fue la causa de la crisis debería demostrar que hubo alguna especie de “epidemia de codicia” en los años 2006 y 2007 o que antes de dicho periodo los agentes en el mercado no “especulaban” (es decir, no “compraban barato para vender caro”, que finalmente es como funciona siempre el mercado) con valores. Como es obvio, demostrar ambas cosas sería imposible, por lo que el argumento de la avaricia debe ser dejado de lado como un factor determinante para el origen de la crisis financiera. No pretendemos con esto argumentar que mucha gente no actuó de manera irresponsable o hasta irracional. Lo que pretendemos afirmar es que siempre algunas personas actúan en el mercado equivocadamente, irresponsablemente e incluso irracionalmente. Pero ello no explica por sí solo una crisis de las proporciones de la crisis inmobiliaria. Como señala Richard Epstein, la avaricia es una constante en la naturaleza humana. Las crisis financieras, por otro lado no son una constante en la vida política ni económica. Es preciso, por lo tanto, entender por qué el comportamiento económico egoísta puede producir progreso en algunos casos y debacles en otros.

Es necesario preguntarnos, en ese sentido, cuáles fueron las condiciones que crearon los incentivos perversos que permitieron el comportamiento oportunista o irresponsable de banqueros e inversionistas. Nuevamente, citando el post anterior:

Las verdaderas razones de la crisis financiera (originada en primer lugar en el mercado de hipotecas sub-prime y diseminada luego por todo el sistema crediticio) pueden atribuirse, principalmente, al propio Gobierno Federal de los Estados Unidos de América. En efecto, dado que el “sueño americano” dicta que todo ciudadano estadounidense debe ser propietario de un “techo propio”, diversas políticas de vivienda implementadas por el Congreso de los Estados Unidos de América y la Federal Housing Administration incentivaron, e incluso en cierta medida obligaron, a que las entidades financieras bajen artificialmente el costo de los créditos hipotecarios. Ello, como es natural, causó que la demanda de estos créditos se incremente considerablemente, dando inicio a lo que se conoce como la “burbuja inmobiliaria”.

En paralelo, aproximadamente a partir del año 2001, luego de la crisis “punto-com”, el Banco Federal de Reserva (FED) de los Estados Unidos de América comenzó a reducir considerablemente la tasa de interés referencial de los fondos federales disponibles para préstamos inter-bancarios de corto plazo, con la idea de combatir la recesión causada por la referida crisis. Incluso economistas como el Premio Nobel de Economía Paul Krugman defendieron la necesidad de crear una “burbuja inmobiliaria” con dicha finalidad: “Para combatir esta recesión el FED necesita más que un empujón; necesita incrementar el gasto familiar para compensar el decrecimiento de inversión de los negocios. Y para hacer eso (…) Alan Greenspan debe crear una burbuja inmobiliaria a fin de reemplazar la burbuja NASDAQ”.

Así, la referida tasa bajó de 6.25% a inicios de 2001 a 1.75% a fines del mismo año. Posteriormente fue reducida aun más en 2002 y 2003, llegando a un mínimo récord de 1% a mediados de 2003. Esta medida causó que las tasas de interés cobradas por los bancos a los consumidores finales se redujeran notablemente. En otras palabras, causó que el dinero estuviera “barato”. Este dinero barato se orientó en gran medida al mercado inmobiliario. Esto generó incentivos para endeudarse para comprar casas. Como todo el mundo compraba casas, el valor de éstas se iría siempre para arriba. Y se endeudó quien no se tenía que endeudar. Compró (e hipotecó) casas quien no podía pagarlas. Luego estos créditos hipotecarios, incluidos los tóxicos, fueron empaquetados y maquillados. Y lo que no debía ser rentable era rentable, porque el dinero estaba barato… y bueno, el resto es historia conocida.

En adición a los incentivos perversos generados por el FED puede sumarse también la ausencia de fiscalización por parte de agencias como la SEC de los pobres estándares contables que los bancos de inversión utilizaban para esconder los activos “tóxicos” en su poder. Este problema, atribuible tanto a las empresas como a una falencia institucional, es explicado por Hernando de Soto en este buen artículo publicado en Bloomberg: “The Destruction of Economic Facts” (“La destrucción de los hechos económicos”).

Esta otra parte de la historia es la que “La Gran Apuesta” no nos cuenta. Pero bueno, por eso es que no basamos nuestra visión de las políticas públicas en películas ni documentales, ¿no?

Actualización: el 27 de enero de 2015 a las 7:16 pm modifiqué el artículo para corregir un par de errores de redacción y añadir la explicación referida a los estándares contables. 

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