Hace algunos semanas Bill Gates concedió una entrevista a la revista The Atlantic, en la que señala que está a favor de la intervención estatal en los mercados con la finalidad de mitigar el cambio climático. En particular, Gates sostiene que además de mecanismos convencionales para reducir externalidades (impuestos a combustibles fósiles, por ejemplo), el Estado debería participar activamente en la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías “más verdes”. De lo contrario, las tecnologías verdes no surgirán tan rápido como es necesario.
Mientras tu decidías si era socialista o no, hice varios milones. Fuente: http://www.zenzoneforum.com/attachment.php?attachmentid=23320&d=1378901447
Lo que señaló Gates, casi textualmente (para no traducir literal y dar contexto, hay algunos cambios al fraseo), fue lo siguiente:
“El empuje debe venir por el lado de la I+D… la forma de reducir [emisiones dañinas] es el impuesto al carbón.
Claro, el gobierno será inepto en alguna medida… pero el sector privado es inepto en general. ¿En cuantas compañías invierten los capitalistas de riesgo que fallan? De lejos, una gran mayoría”[1].
Luego de estas declaraciones, algunos se han apurado a celebrar la opinión y señalar que ésta justifica una mayor intervención del Estado en la economía. La revista Uncut U.S. señaló incluso, en un titular bastante engañoso, que el fundador de Microsoft había opinado que “sólo el socialismo nos salvará del cambio climático”.
Lamento desilusionarlos, pero no, Bill Gates no se ha vuelto socialista (al menos no en función a lo recientemente declarado a The Atlantic. De hecho, si ven esta entrevista con el American Enterprise Institute notarán su claro respaldo a la libertad empresarial y a los derechos de propiedad).
Creo que lo que Gates hace es, opinando desde un punto de vista pragmático, defender la intervención del Estado en un sector en el que efectivamente es necesaria su intervención: la protección del medio ambiente ¿Cómo y hasta dónde? Eso es lo que debemos discutir.
Al regular las actividades que afectan el medio ambiente, sí se presentan “fallas de mercado” que justifican regulación. Para empezar, los daños al medio ambiente pueden causar externalidades severas, que no se pueden internalizar mediante contratos o mediante derechos de propiedad. Por eso sí es justificable que el Estado regule ex ante determinadas conductas (impuestos, límites de emisión, reglas para el desecho de sustancias tóxicas) y ante el incumplimiento de la regulación multe a los infractores.
Por otro lado, podría considerarse que la protección del medio ambiente es un bien público, que ante la falta de inversión estatal no se proveerá en cantidad suficiente. Esto podría justificar subsidios o incluso la participación directa del Estado en ciertos mercados. De hecho, aquí Gates explica cómo el entiende las fallas de mercado y da un concepto bastante razonable de “bien público”.
Estas medidas, cabe precisar, son perfectamente coherentes (al menos en teoría, la implementación puede ser otra historia) con una economía de mercado, y no son, de ninguna manera, “medidas socialistas”. Lo que hay que ver es que estas medidas sean adoptadas previo análisis costo-beneficio, y sin distorsionar la competencia. También debe cuidarse que los procedimientos administrativos ligados a la regulación no resulten en una excesiva burocratización.
Gates se muestra favorable, en particular, a la inversión estatal en I+D para desarrollar combustibles «verdes». Eso no me suena mal, pero habría que ver mediante qué mecanismo. Los incentivos tributarios para los innovadores pueden ser una buena forma. Habría que tener mucho cuidado con los subsidios directos o con la inversión directa del Estado, ya que pueden distorsionar la competencia y bloquear otras tecnologías. Hay evidencia, además, de que el sector privado sí invierte en I+D.
No es un tema de ineptitud: ¡es un tema de incentivos!
¿Por qué entonces trajo Gates a colación el tema de la ineptitud? Lo hizo, creo, para adelantarse a una eventual oposición a su propuesta, sobre el argumento de que el Estado es “inepto” o no sabe invertir eficientemente.
Creo que es errado, sin embargo (y desde ambos “bandos”), poner el debate entre lo público y lo privado en términos de competencia o ineptitud. Tanto en el sector privado como el público hay gente competente e incompetente, gente capacitada y no tan capacitada, gente honesta y corrupta, gente codiciosa y gente que piensa primordialmente en el «bien común».
La diferencia no debe buscarse en las cualidades de las personas, sino en los incentivos que las instituciones y las organizaciones nos brindan. Para ciertas actividades, los incentivos son insuficientes en el sector privado[2], y llevan a resultados poco óptimos.
Para otras actividades (y esa es la regla en la generalidad de mercados, que son estructuralmente competitivos y no presentan fallas de mercado significativas), es el sector público el que no tiene los incentivos adecuados, ya que:
- Su performance se ve influida por los fines políticos de los gobernantes de turno. Piensen, por ejemplo, en cómo Petroperú puede actuar para bajar los precios de los combustibles aún cuando eso afecte su rentabilidad, o cómo SEDAPAL puede privilegiar el extender las redes a nuevos asentamientos (donde, debido al desarrollo urbano informal es costosísimo) y mantener el precio del agua baja a costa de mantener las redes con un muy mal mantenimiento.
- El problema de agencia que se presenta en las empresas se multiplica a la “n”. Los políticos y técnicos que dirigen el Estado, sus instituciones y las aventuras empresariales en las que éste se embarca no asumen el costo de sus acciones. No “pierden nada” si el Estado invierte mal nuestros impuestos. Como precisa Gene Epstein, a diferencia del sector privado, en la que el fracaso de determinado emprendimientos es rápidamente expuesto por el sistema de ganancias y pérdidas (las empresas quiebran); en el Estado no es inusual que a un proyecto fallido se le sigan brindando recursos[3]. Esto hace que, generalmente, el sector público no sea tan eficiente. Aunque pueden haber incentivos no monetarios (la gente más «camiseta», que se identifica con la genuina misión de una entidad) o monetarios (bonos por resultados, meritocracia en la carrera), al nivel más alto siempre harán falta los incentivos de propiedad que sí brinda el mercado (que implican que las personas se apropien del buen resultado de su trabajo).
Hay casos en los que el Estado efectivamente ha desarrollado tecnologías importantes, pero ya analizaremos en otro post por qué eso no significa que debamos creer en un “Estado emprendedor”. La regla general debe seguir siendo que el desarrollo de productos debe estar a cargo del sector privado, y el Estado debe limitarse a regular ante la presencia de fallas de mercado y, ausentes éstas, sólo a proteger la competencia, la propiedad y los contratos.
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MARIO ZÚÑIGA 