Parafraseando a Harold Demsetz, regular precios para combatir los precios altos es como combatir el calor rompiendo los termómetros. Los precios —ese era el principal punto de Demsetz— son señales de un fenómeno económico subyacente (la escasez del bien cuyo precio aumenta), y reducirlos artificialmente no aumenta la cantidad ofrecida del bien, tal como romper los termómetros no va a bajar la temperatura.

Conviene recordar esto porque nuevamente se ha propuesto regular los precios de las medicinas. En efecto, el Congresista Carlos Zeballos de Perú Democrático ha presentado un proyecto de Ley que propone que los precios de los medicamentos se regulen “mediante una metodología que debe recoger las mejores prácticas internacionales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de países con economías de libre mercado comparables al Perú”. Más allá de la referencia a la OCDE, que busca darle un cariz técnico a esta regulación de precios, la propuesta establece que “el precio máximo de cada medicamento debe estar en una banda alrededor del precio menor que tenga este medicamento, en una lista de precios de seis países comparables al Perú, con economías de mercado”.

Ya hemos escrito sobre la regulación de precios de las medicinas antes (“Controles de precios: una receta que ya probamos”, 1 de junio de 2020); pero, más allá de los efectos negativos esperables (más escasez y mercados negros), puede ser importante explorar qué efectos ha tenido una regulación similar a la planteada en otras jurisdicciones.

Existen diversas metodologías para regular precios; pero, a diferencia de escenarios en los que la fijación estatal de precios es parte de la receta ortodoxa, como en el caso de los denominados “monopolios naturales” (piensen en los servicios de agua y saneamiento o electricidad); en el caso de los medicamentos no estamos hablando de un solo proveedor ni de un solo producto. Eso hace que recabar la información que usualmente se necesita para siquiera pensar en fijar el precio de un producto o servicio (información sobre costos o ingresos marginales de cada empresa, márgenes de ganancia, o sobre el valor de los productos) sea considerablemente más complicado y costoso en términos de gestión pública.

El método planteado puntualmente por el proyecto materia de comentarios es el denominado sistema de “precios de referencia internacionales” (PRI), en virtud del cual se fija el precio máximo en un país a partir de los precios que rigen para un medicamento dado en un conjunto de países que se toma como referencia. Este sistema no sólo es, al menos en apariencia, más “sencillo”; sino que ha sido aplicado con supuesto éxito en un país cercano como Colombia.

Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Tatiana Andía, “El ‘efecto portafolio’ de la regulación de precios de medicamentos”, 2018) nos permite inferir, sin embargo, que más allá de un aparente éxito inicial, la regulación de precios de los medicamentos tiene un “efecto secundario”: la cantidad de productos regulados consumidos aumenta y suben los precios de los productos no regulados, incrementando de esa manera el gasto social total en medicamentos.

Lo novedoso del estudio mencionado es que, a diferencia de otras evaluaciones de impacto de la regulación de precios, no se analizó sólo los precios y los cambios en la oferta y la demanda de los productos regulados, sino que se analizó el comportamiento de los portafolios completos de las principales compañías farmacéuticas en el país (es decir, incluyendo los precios de otros productos no regulados).  Así, lo que inicialmente parecía un “éxito” de la regulación de precios, expresado en “una reducción en los precios de alrededor del 42% de media anual, y un ahorro anual estimado de 200,3 millones de dólares”; al medir el portafolio completo de medicinas indicaba que “el gasto farmacéutico total del país aumentó en un 23% entre los años 2012 y 2015”.

Los resultados de este estudio, por supuesto, no pueden extrapolarse sin más a la realidad peruana. Muchos factores pueden afectar los cambios en los precios de los medicamentos, regulados y no regulados. No obstante, el estudio nos deja una lección fundamental: no puede diseñarse una regulación sin ignorar la posible respuesta estratégica de la industria regulada.

Los precios “muy altos” de los medicamentos son sólo síntomas del verdadero problema: la escasez. La verdadera solución, que, comprendemos, no es sencilla, ni inmediata, es permitir un mayor acceso a éstos. ¿Cómo? Como en muchas dolencias, no hay una solución mágica, sino que se requiere más bien de un cambio de “estilo de vida”. En el caso de las políticas públicas, un cambio de enfoque: debemos facilitar la inversión privada, la investigación y mejorar el acceso a medicamentos innovadores; mejorar nuestro sistema de aprobación de nuevos medicamentos (hoy demasiado lento), hacer más eficientes las compras estatales (comprando a gran escala, permitiendo que incluso establecimientos de salud privados se sumen). Aumentar también el presupuesto para la adquisición de medicamentos sería un gran comienzo.