Los diez mejores artículos de políticas públicas del 2015

Luego de varias semanas de relajo, vuelvo a postear algo. Se me ocurrió en estas épocas de fin/comienzo de año hacer una de los 10 mejores artículos que leí en el año, en el rubro, claro está, de lo que solemos discutir por aquí: políticas públicas. Para ser claros, la lista podría llamarse “los artículos que más me gustaron” y no “los mejores”. Pero hay que poner un título que los haga cliquear, pues. La lista no tiene ningún orden de mérito.

Aparte de listar los artículos, incluyo un breve comentario con las principales ideas o lo que más me gustó de cada uno.

Web MZ periódicos post mejores artículos 2015.jpg

ADVERTENCIA: esta lista no es “plural”. La gran mayoría de artículos son de economistas liberales o libertarios. No esperen encontrar un balance con textos más “progresistas”.

Sin más, los artículos:

  1. Alex Tabarrok: A Phool and his money (Un tonto y su dinero). Reseña del libro Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception de George A. Akerlof y Robert Shiller

Tabarrok, economista de George Mason University, critica duramente el libro de los premio Nobel de Economía Akerlof y Shiller no sólo por su falta de ideas novedosas -después de todo, muchos economistas han aceptado antes que las personas toman “malas decisiones” y que compran cosas que no necesitan-; sino porque parecen llegar a la conclusión de que todos somos “tontos” (aunque no se atreven a decirlo explícitamente, por eso usan el término “phool” y no “fool”, tonto en inglés) y que el engaño al consumidor es un elemento central de la economía capitalista.

Peor aún, Akerlof y Shiller no sopesan los costos y beneficios de las regulaciones que defienden para evitar estos “engaños” en el mercado.

  1. Donald Boudreaux: Knowing Models vs. Knowing Economics. Economists need to be chefs, not recipe-followers (Conocer modelos vs. Conocer Economía. Los economistas deben ser chefs, no sólo seguir recetas)

Una “chiquita” a los economistas que se limitan a aplicar la misma receta (los mismos modelos) sin pensar críticamente: “consistentemente omiten preguntar la más importante de todas las preguntas que un economista debe preguntar: ‘en comparación con qué?’. Se olvidan de que los costos y beneficios monetarios son sólo una parte (y a veces una pequeña parte) de todos los costos y beneficios. Asumen, equivocadamente, que los costos y beneficios monetarios son todos los costos y beneficios relevantes”.

  1. Del mismo Donald Boudreaux: On the Principles of Economic Principles (Sobre los principios de los principios económicos)

Boudreaux corrige aquí un comentario (que no llega a ser “sabiduría convencional”, pero he escuchado una más de una vez) según el cual “no hay nada más peligroso que alguien que acaba de tomar su primera clase de economía”; implicando que los economistas que defienden posiciones de libro mercado ignoran “fallas de mercado” y otras “complejidades” que no son discutidas en las lecciones básicas de economía. Típica oposición a un argumento a favor de mercados más libres: “la vida real no es un modelo”.

Obviamente, eso es cierto. Y es cierto que muchas veces los economistas se olvidan (o los liberales nos olvidamos) de las fallas de mercado, de los problemas institucionales y otros. Pero no se sigue de ello que un conocimiento básico de la economía sea peligroso. Como en toda disciplina, es necesario conocer más y aproximarse más a la realidad para lidiar con problemas complejos. Como bien aclara Boudreaux, el peligro radica más bien la falta de conocimiento de principios económicos, como los casos del salario mínimo o en contra del libre comercio demuestran.

  1. Ricardo Hausmann: The Import of Exports (Exportar importa)

En este artículo el economista venezolano y profesor de Harvard explica por qué las exportaciones son importantes para los países.

Para llegar a ese punto, antes, explica de manera genial, qué es una economía de mercado y por qué es importante la empatía para los proveedores:

“Una economía de mercado debería ser entendida como un sistema en el cual se supone que nos ganamos el pan de cada día haciendo cosas para otra gente. Cuánto ganamos depende en cómo otros valoran lo que hacemos por ellos. La economía de mercado nos fuerza a estar preocupados por las necesidades de otros, dado que son sus necesidades lo que constituye la fuente de nuestro sustento. En cierto sentido, una economía de mercado es sólo un sistema de intercambio de regalos; el dinero sólo permite registrar el valor de los regalos que nos damos uno al otro”.

Buenísimo.

Luego, entrando al punto de las exportaciones, da la mejor explicación de por qué son buenas para un país que yo recuerde en un buen tiempo:

“A diferencia de las actividades no exportables, los productos exportables de un país deben ser bastante buenos para convencer a los consumidores foráneos -que tienen muchas otras opciones- para que compren sus productos. Eso significa que las exportaciones deben tener una muy buena relación costo-calidad.

Una forma de mejorar esta relación es el incrementar la calidad y la productividad (…) [y] dado que están sujetas a una mayor competencia, las actividades de exportación suelen tener cambios tecnológicos y mejoras de productividad más rápidas que en otras partes de la economía. Están constantemente bajo la amenaza de la innovación y de nuevos competidores que pueden irrumpir en sus mercados. Consideren, por ejemplo, el efecto del iPhone en la otrora dominante Nokia, o el efecto de la revolución del gas esquisto en la OPEC”.

A partir de esta observación Hausmann concluye que los países necesitan prestar “especial atención” a las industrias que producen bienes exportables. ¿En qué consiste esa especial atención? Hay que tener cuidado en promover la industria nacional sin llegar al mercantilismo ni el proteccionismo, que al final sólo perjudica a los consumidores. La idea es remover barreras, más que todo.

  1. Deirdre N. McCloskey: How Piketty Misses the Point (Cómo Piketty pierde de vista lo importante)

Siempre es un placer leer a Deirdre McCloskey, no sólo por la gran contundencia de sus ideas, sino porque escribe genialmente (y a menudo se apoya en la historia y la literatura). Esta crítica a “El Capital en el Siglo XXI” de Piketty no es la excepción. De arranque, deja claro que Piketty no entiende cómo funcionan los mercados:

“Los defectos técnicos en el argumento de Piketty son omnipresentes. Si uno escarba, encuentra. El problema fundamental es que Piketty no entiende cómo funcionan los mercados. Consecuentemente con su posición de hombre de izquierda, tiene una idea vaga y confusa sobre cómo la oferta responde a precios más altos. Sorprendente evidencia de la mala educación de Piketty se aprecia ya en la página 6.

Comienza pareciendo a conceder a sus oponentes neoclásicos: ‘Sin duda, existe, en principio, un mecanismo económico muy simple que se debe restablecer el equilibrio en el proceso: el mecanismo de la oferta y la demanda. Si la oferta de cualquier bien es insuficiente, y su precio es demasiado alto, entonces la demanda de ese bien debe disminuir, lo que llevaría a una disminución en su precio’. Las palabras que incluyo en cursivas claramente confunden movimiento a lo largo de una curva de demanda con el movimiento de toda la curva de demanda, un error de estudiante universitario de primer ciclo. El análisis correcto es que si el precio es ‘demasiado alto’ no es toda la curva de demanda la que ‘restaura el equilibrio’, sino un movimiento hacia fuera de la curva de oferta. La curva de oferta se desplaza hacia fuera porque la entrada de nuevos competidores es inducida por el la presencia de utilidades superiores a las normales.

Piketty no reconoce que cada ola de inventores, empresarios, e incluso los inversionistas ordinarios hacen utilidades debido a que ingresan a nuevos mercados”.

Otro (gran) problema de Piketty es que su definición de capital no incluye el “capital humano”. Eso hace que sus cálculos en torno a la distribución del capital ignoren un gran pedazo de la torta:

“La definición de riqueza de Piketty no incluye el capital humano, que es precisamente un activo de los trabajadores. Este activo ha crecido en los países ricos al punto de ser la principal fuente de ingresos, combinado con la inmensa acumulación desde 1800 del capital en el conocimiento y hábitos sociales, otro tipo de activo al que todo el mundo accede. Hace mucho tiempo, el mundo de Piketty sin capital humano era todo el mundo; aquél de [David] Ricardo y Marx, aquél en el cual los trabajadores poseen sólo sus manos y la espalda; y los patrones y terratenientes poseen todos los demás medios de producción. Pero desde 1848 el mundo ha sido transformado por aquello que se encuentra entre las orejas de los trabajadores [sus mentes, preciso ya que en el inglés original puede ser más clara la expresión de McCloskey].

La única razón para que el libro excluya el capital humano de su definición de capital parece ser forzar la conclusión a la que Piketty quiere arribar. Uno de los títulos del capítulo 7 declara que ‘el capital está siempre distribuido de manera más desigual que la mano de obra’. No, no lo está. Si se incluye el capital humano —la alfabetización de los trabajadores de la fábrica ordinaria, las calificaciones de una enfermera, el dominio por parte del administrador profesional de sistemas complejos, la comprensión de los economistas de las respuestas de la oferta— los propios trabajadores, hecho el cálculo correctamente, poseen la mayor parte del capital de un país; y el drama de Piketty sencillamente se desmorona”.

Al final, lo más importante:

“El problema central con el libro, sin embargo, es una cuestión ética. Piketty no reflexiona sobre por qué la desigualdad es mala en sí misma.

(…)

Notemos que en la historia de Piketty el resto de nosotros queda sólo apenas por detrás de los ‘voraces capitalistas’. El enfoque en la riqueza, ingresos y/o consumo relativos es un grave problema en el libro. La realidad que Piketty pinta como un apocalipsis deja más bien espacio para que el resto de nosotros tenga un bienestar relativamente alto —todo lo contrario a un apocalipsis—, bienestar que hemos gozado desde 1800. Lo preocupante para Piketty es que los ricos puedan volverse más ricos, a pesar de que los pobres se harán más ricos también. Su preocupación radica puramente en la diferencia de ingresos; en un vago sentimiento de envidia elevado a una propuesta teórica y ética.

Nuestra verdadera preocupación debería ser el elevar a los pobres a una condición de dignidad; a un nivel mínimo que permita el funcionamiento de una sociedad democrática y llevar una vida plena. Éticamente, no importa si los pobres tienen la misma cantidad de pulseras de diamantes y automóviles Porsche que los propietarios de fondos de inversión. Pero sí importa, en efecto, si tienen las mismas oportunidades de votar, aprender a leer o tener un techo sobre sus cabezas”.

  1. Carlos Rodríguez Braun: Ojo con Stiglitz

Cada nuevo libro del Nobel de Economía Joseph Stiglitz es celebrado por la izquierda, que percibe sus posiciones como una apuesta por el socialismo. Es esta crítica de El malestar en la globalización el economista argentino Carlos Rodríguez Braun explica por qué la gente de izquierda no “descorchar el champán” tan rápido.

Lo cierto es que pese a criticar la globalización y lo que el considera una “excesiva” fe en el mercado, Stiglitz:

“Está a favor del mercado y la competencia, ‘que hace funcionar a las economías’. Más que criticar la liberalización y la privatización, deplora sus ritmos y secuencias excesivamente rápidos. Censura el papel de las administraciones públicas en cuanto a la provisión de incentivos perversos: ‘Lo que vuelve a la especulación rentable es el dinero de los gobiernos, apoyados por el FMI’.

Joseph Stiglitz, el héroe de la antiglobalización, jaleado por el pensamiento único antiliberal, proclama que aunque son azarosos los mercados ‘sin grilletes’, no hay que caer en la peligrosa tentación de irse al ‘otro extremo”. O sea que, como indicamos al comienzo, todo esto para terminar en la (bostezo) Tercera Vía”.

Además, mucho de lo que Stiglitz critica del libre mercado no tiene sustento:

“La ignorancia de Stiglitz de todo lo que no sea economía neoclásica lo lleva a afirmar en el Capítulo 3 que los liberales no prestan atención a ‘las instituciones civiles y las estructuras legales que hacen funcionar a las economías de mercado’. Es al revés, como bien comprenderá cualquiera que recuerde, por citar sólo a otros Premios Nobel, a Coase, Fogel, North y Buchanan. Es increíble que sostenga que la mano invisible de Adam Smith equivale al mercado perfecto. Dice: ‘El sistema de mercado requiere competencia e información perfecta’. Falso, no las requiere, salvo en el estilizado neoclasicismo, y los liberales no dijeron que las requiere. Con esta engañifa el intervencionismo cae por su propio peso: como el mercado no es perfecto, entonces el Estado debe actuar. Esto no se sostiene y Stiglitz, que es perspicaz, huye por la tangente: ‘sigue vivo el debate sobre cuál es el equilibrio apropiado entre el Estado y el mercado’, un understatement característico del intervencionismo, que nunca termina de aclarar cuánto Estado es menester y qué consecuencias ello puede acarrear”.

Ouch! Stiglitz, como bien apunta Rodríguez Braun, cae en las típicas críticas cliché contra la economía de mercado.

  1. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff: The Coddling of the American Mind (Las mentes mimadas de los Estados Unidos)

Largo pero vale la pena cada segundo leyéndolo. Haidt y Lukianoff (psicólogo y abogado, respectivamente) analizan extensamente el fenómeno de la “dictadura de lo políticamente correcto” que acecha a las universidades en los Estados Unidos, y cómo esto no sólo representa una amenaza para la libertad de expresión, sino también atenta directamente contra los objetivos de las universidades: formar, informar, educar.

Luego de casi dos años en Estados Unidos no dejaba de asombrarme el tipo de escándalos que se presentaban en los Estados Unidos. Términos como “microagresión” o “apropiación cultural” están, creo, destruyendo la comedia, fiestas como Halloween y, ahora, parece que también la educación. Si no me creen, lean los ejemplos del artículo, pero les adelanto uno: los profesores deben incluir una alerta para los alumnos en su sílabo, del tipo: “El Gran Gatsby contiene misoginia y abuso físico”.

Lo peor es que esta sobreprotección, como explican los autores, no ayuda a los mismos alumnos que supuestamente protege (minorías raciales, personas con pasado de violencia); no los prepara para la vida, no los ayuda a superar las experiencias que les causaron un trauma. Todo lo contrario, los hace más vulnerables.

  1. Richard Bennett: Inside Obama’s net fix (Una mirada a cómo Obama quiere arreglar internet)

El 2015 me pasé casi toda la segunda mitad del año investigando sobre la denominada “neutralidad de red” y uno de los mejores textos que leí fue éste del experto en telecomunicaciones Richard Bennett.

El artículo es muy bueno no sólo porque rompe con algunos mitos (el internet nunca fue neutral, no totalmente al menos; cómo las operadoras nunca bloquearon Netflix) sino porque está escrito desde un enfoque multidisciplinario. El artículo toma en cuenta los aspectos económicos, legales y de ingeniería del problema, además de evidenciar un profundo conocimiento del tema y del mercado en cuestión.

Bennett concluye que las reglas de neutralidad de red tendrá efectos negativos para el mercado de internet y los consumidores: “Irónicamente, las primeras víctimas de ‘las más contundentes normas posibles’ de la Casa Blanca, importados de los anales de la regulación del teléfono, serán las llamadas telefónicas por Internet realizadas vía aplicaciones como Skype o Vonage”.

Ese tipo de aplicaciones usa una tecnología que requiere otro tipo de tráfico que el correo electrónico o el streaming, y se verá más bien afectado por el tratamiento “igualitario” que las normas de neutralidad de red prevén.

  1. Nina Sanandaji: Scandinavian Unexceptionalism #8: The third-way model – a collosal failure (Escandinavia no es excepcional #8: el colosal fracaso de “la tercera vía”)

Este artículo es parte de una serie de artículos del economista Nina Sanandaji, en el cual explica como en realidad los países escandinavos, frecuentemente publicitados como modelos “exitosos” de socialismo, no son en realidad tal cosa. Si bien es cierto que se trata, en general, de países con altos impuestos y un fuerte gasto público, los agentes económicos suelen gozar de una fuerte protección a la propiedad y una amplia libertad empresarial.

Explica Sanandaji que:

“… el socialismo es algo diferente a la actual política económica en los países nórdicos -basado en una combinación entre mercados libres y altos impuestos y un Estado de bienestar bastante amplio. El socialismo se trata de dar el al gobierno el control sobre la economía en su conjunto. Es bueno saber que Suecia, en efecto, experimentó con el socialismo. Sin embargo, resultó un fracaso tan colosal que hoy pocos, incluso desde la izquierda, lo ven como algo positivo”.

El socialismo, por supuesto, no fue la causa del enorme desarrollo del que goza un país como Suecia. De hecho, antes de que se ensayaran estas políticas en los años 60’ del siglo pasado, Suecia y otros países nórdicos, gozaron de una larga etapa de liberalismo económico.

Recomiendo leer toda la serie y si pueden el libro que el autor ha escrito al respecto. No hay pierde.

  1. Steven Horwitz. Behavioral Econ and Imperfection: A Bad Case for Government Control (La economía conductual y la imperfección: un mal argumento para el control estatal)

Excelente artículo en el que Horwitz explica por qué la economía conductual resulta una pobre justificación para la intervención estatal en la economía (entiéndase, la intervención vía regulación, estableciendo las condiciones de comercialización de determinados bienes y servicios).

El autor hace un paralelo interesante entre las “fallas del agente” que analiza la economía conductual y las “fallas de mercado” a las que hace referencia el análisis económico tradicional. Ambas pueden ignorar la capacidad del accionar colectivo para corregir esas fallas (a través del proceso de mercado). Quizá sea mejor dejar de hablar de “fallas” (con ese término parece que la cosa sea irremediable) y comenzar a hablar de “imperfección” (los resultados no son ideales, pero la mayoría de veces son lo suficientemente buenos.

A partir de esa precisión, Horwitz propone ver estas “fallas”, más que como una justificación para la intervención estatal, como una oportunidad para:

  1. hacer un análisis comparativo y preguntarnos si los mercados “fallidos” son, con todo, mejores que la intervención estatal (que también tiene sus propias fallas); y,
  2. Ver las “fallas de mercado” como una oportunidad para que los empresarios propongan nuevas formas de reducir externalidades y ahorrar costos (¿alguien dijo “sharing economy”?).

 

 

 

 

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Un regalito para los candidatos: evidencia sobre el impacto del sueldo mínimo

Si en los tiempos de campaña electoral las promesas suelen abundar; cuando ésta confluye con la campaña navideña, nuestros candidatos se vuelven “extra-generosos”.

PPK salario mínimo Web mz

Vamos PPK, tú sí sabes de economía.

Como ha reseñado El Comercio:

“En este esquema de promesas [en referencia, en general, a los pobres o inexistentes planes de gobierno] sin sustento, el sueldo mínimo se ha sometido también a subasta. Primero PPK ofreció elevarlo a S/.850; luego Acuña habló de S/.900, para ser superado por Toledo, quien lo fijaría en S/.950. Finalmente, Verónika Mendoza, del Frente Amplio, se ha sumado a la carrera con S/.1.000. Nadie remite algún estudio sobre el impacto económico de su propuesta”.

A todos estos candidatos, les tengo un regalito de navidad. Un poquito de evidencia.

Tal como reseña un reciente artículo del Wall Street Journal, los defensores del sueldo mínimo suelen afirmar que “no hay evidencia” de que los aumentos del sueldo mínimo  (se entiende, por encima del precio de equilibrio, de lo contrario su efecto sería nulo) causen desempleo. Mentira. Hay, y mucha.

El estudio que más se suele citar en defensa del sueldo mínimo es uno publicado en 1994 por los economistas David Card y Alan Krueger sobre el empleo en restaurantes de fast-food en New Jersey. Lo cierto es que el referido estudio tiene serias deficiencias metodológicas. Como señala Antony Davies, el estudio de Card y Krueger no midió el impacto del salario mínimo en despidos reales, sino que tomó en cuenta la declaración de gerentes de restaurantes sobre sus intenciones de contratar. Del dicho al hecho hubo mucho trecho sin embargo.

Cuando los economistas David Neumark y William Wascher trataron de replicar el estudio de Card y Krueger, usando información de las planillas, encontraron que el empleo sí se redujo luego del aumento del sueldo mínimo en New Jersey.

Evidencia más reciente, en estos papers:

Lo cierto es que el salario mínimo, en el mejor de los casos puede lograr subir los salarios de los que ya trabajan. Con pequeños aumentos, y en el momento correcto, puede que no cause mucho desempleo. Pero en cualquier caso, los que todavía no trabajan, los jóvenes y las personas menos capacitadas, son los más perjudicados.

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No, el INDECOPI no está promoviendo la “impunidad”

Hace algunos días se anunció que el INDECOPI ha iniciado un procedimiento formal contra las empresas Kimberly Clark (Elite) y Protisa (Suave) por haber concertado los precios del papel higiénico entre los años 2005 y 2014. En Chile llamaron a esta colusión la #colusióndelconfort, en alusión a la marca comercializada por Protisa en ese país.

Web MZ Colusión papel higiénico

Los productores de papel higiénico nos han “limpiado” de un buen billete, parece.

Luego, sin embargo, se anunció que Protisa sería exonerada de la multa al haberse acogido al beneficio de “exoneración de sanción” contemplado en la Ley de Libre Competencia. De inmediato, salieron los “indignados”:

Esa ley de clemencia parece mas una concertación entre el Indecopi y la empresa infractora, ni un solo céntimo de multa ni sanción ejemplar, una vergüenza para el consumidor.Que les hagan bajar el precio como lo estuvieron al principio de la concertación de precios”.

“VAYA EL MUNDO LA REVÉS……DOS EMPRESAS SON DENUNCIADAS POR CONCERTAR PRECIOS Y PARA SALVARSE DE LA MULTA VAN A CONCERTAR CLEMENCIA CON INDECOPI AL FINAL TODOS CONCERTAR jajaja Que tal raza ahora concertamos Clemencia para salvarnos de la multa por haber concertado precio jajaja…”

(las comillas, mayúsculas y faltas de ortografía son de los comentarios originales).

Esto necesita ser aclarado: la exoneración de sanción es una especia de “colaboración eficaz”. Le elimina la multa a las empresas o individuos que, antes de iniciarse un procedimiento, colaboran con la agencia de competencia. No se trata de una mera confesión o pedido de clemencia. El “soplón” tiene que darle al INDECOPI información que le ayude a detectar y a sancionar al cártel. Esto, aunque pueda dar sensación de impunidad, es una buena herramienta, que usan las mejores agencias de competencia en el mundo. Al final, lo más importante es detectar los cárteles a tiempo, y que hagan el menor daño posible al mercado.

Además, no es que todo el cártel “se la lleva fácil”. Las otras empresas que son parte del cártel sí pueden ser sancionadas, e incluso cuando colaboren ya no pueden ser exonerados de la multa (ese beneficio sólo le corresponde al primer colaborador), sólo aplica una reducción de entre el 20 y el 50%. El primer colaborador, además, es conocido públicamente, así que sufre un importante daño reputacional.

Este es, entonces, un buen mecanismo y no hay que satanizarlo porque supuestamente “promueve la impunidad”.

Ahora, ¿todo está bien con nuestros programas de clemencia (además de la “exoneración de sanción” la ley regula el “compromiso de cese” para el caso de procedimientos ya iniciados)? No, vamos por buen camino pero no es suficiente. En enero de 2016 publicaré en la revista Concurrences un artículo (Actualización: ver texto completo aquí: MZP – Leniency and Criminal Sanctions Concurrences No 1-2016 (final)) explicando que necesitamos reinstaurar las sanciones criminales (pena de cárcel) para incrementar los incentivos para que precisamente se usen más estos mecanismos de clemencia: al incrementar la pena, el riesgo de coludirse aumenta, y por ende también aumenta el beneficio esperado de colaborar con la autoridad. Además, las sanciones criminales son necesariamente sufridas por las personas que se coluden (gerentes, empleados, accionistas si tomaron parte del acuerdo, etc.). Las multas siempre pueden ser asumidas por la empresa, lo cual de alguna manera “blinda” a los agentes que se coluden. Las sanciones monetarias (multas), entonces, no son suficientes.

Claro, como siempre precisamos, sanciones más graves no son suficientes. Para que el INDECOPI incremente su capacidad de detectar cárteles es necesario que colabore con otras agencias de competencia internacionales (como, de hecho, se hizo en este caso. ¡Muy bien!), que cuente con más recursos para monitorear mercados, y que tenga respaldo de otras agencias locales de investigación y persecución (como la policía y fiscales) para, como se hace en otros países, hacer seguimientos y escuchas (con las debidas órdenes judiciales, claro).

Imagen del post: http://americaeconomia.com/sites/default/files/imagecache/foto_nota/confort.jpg
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Algo más sobre la Ley Universitaria: regular o no regular, ese NO es el dilema

Hace algunas semanas publicamos un post sobre la Ley Universitaria, en el que tratábamos de centrar un poco la discusión. Nada bueno puede salir del debate si se plantea una falsa dicotomía entre regular o no regular. Esa no es la discusión. La discusión debe plantearse en términos de cuáles son los problemas y fallas de mercado que tenemos que solucionar; para luego crear soluciones a la medida de esos problemas y fallas de mercado.

 

Nadie se quiere “tumbar” la Ley Universitaria. Bueno, no toda. (Fuente: https://vimeo.com/33566576).

El ministro Jaime Saavedra —cuya capacidad y buenas intenciones para mejorar la educación de nuestro país no discuto—, sin embargo, defiende la referida Ley y las reformas que su ministerio lleva cabo precisamente utilizando esa falsa dicotomía. En un artículo titulado “Ni club de rectores ni fe ciega en el mercado” (¿vieron? Ya desde el título acusa a cualquiera que critique la Ley de “tener fe ciega” en el mercado) Saavedra da varias justificaciones para regular la educación universitaria. En primer lugar, señala que deben rendir cuentas porque:

“…manejan recursos financieros de todos los peruanos. Las públicas reciben dinero público, y las privadas reciben un subsidio implícito a través de un tratamiento tributario muy favorable. Solo esto justifica una supervisión del uso adecuado de estos recursos en beneficio de la educación y la investigación”.

Hasta donde habla de las universidades públicas, todo bien. El hecho de que sean financiadas con nuestros impuestos justifica supervisar cómo invierten su (nuestro) dinero las universidades públicas y establecer ciertas reglas para ello. Ahora, en el caso de las universidades privadas, el Ministro hace una “trampita”. Como bien apunta Oscar Súmar, el Estado no pueda justificar su intervención en el subsidio que él mismo creo.

Continúa Saavedra:

“…la universidad no brinda un servicio cualquiera. Tiene la inmensa responsabilidad de formar profesionales y ciudadanos, y debe ser el centro de la innovación, del debate político y social, de la creación de conocimiento y de la generación de respuestas a los retos de desarrollo. Como tal, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se forma la sociedad peruana”.

En este punto, cabe preguntarnos: ¿el hecho de que un bien o servicio sea importante justifica regularlo? Nadie discute la importancia de la educación, pero por más importante que sea un bien, si es producido en abundancia y por diversos actores (es decir, si hay competencia), no es necesario regularlo.

Sospecho que el Ministro Saavedra, como “economista ortodoxo” que es, sabe eso; por eso es que trata de introducir un argumento de fallas de mercado:

“… la educación universitaria es un mercado complejo con múltiples imperfecciones y, al igual que muchos mercados de servicios, requiere de una regulación eficaz que permita que todos reciban los beneficios del mercado, no solo algunos proveedores a costa de los estudiantes” (énfasis nuestro).

Luego añade:

Tampoco es razonable apostar por una completa desregulación, confiando en que las fuerzas del libre mercado por sí solas pueden generar los incentivos adecuados a todos los actores. Esa es una fe ingenua y desinformada. Soy un economista ortodoxo, pero que entiende la necesidad de regular mercados altamente imperfectos y en los que se provee un servicio con impactos que alcanzan la esencia misma de la sociedad” (énfasis nuestro).

¿“Múltiples imperfecciones”? ¿Es realmente este un mercado “altamente imperfecto? ¿Cuáles son? Como ya habíamos señalado, es cierto que en el mercado de educación, y en particular el de educación superior, hay fallas de mercado. Existen, en primer lugar, asimetrías de información que impiden a los alumnos (o a sus padres) tener todos los elementos adecuados para evaluar la calidad del producto[1]. La pregunta es: ¿cómo se solucionan esas asimetrías? La solución tiene que venir por el lado de la información. Quizás sea justificable imponer algunas condiciones mínimas de calidad (para que el error no haga daño en el corto plazo); pero si el Estado provee o obliga a proveer cierto tipo de información (ránkings de calidad, por ejemplo), debe permitir que las universidades compitan dentro de cierto margen. En otras palabras, la regulación debe servir para facilitar la competencia, no debe buscar reemplazarla.

También puede argumentarse que existen bienes públicos[2] y externalidades (positivas)[3] que causarían que la inversión realizada en educación sea sub-óptima (es decir, en menor cantidad o calidad a la requerida). La respuesta a este tipo de fallas de mercado normalmente viene por la inversión pública en la actividad que se quiere promover, vía subsidios a la inversión a la demanda o a la oferta, o a la provisión directa del servicio por parte del Estado. Esto último, la prestación directa del servicio, es la forma más fuerte que tiene el Estado de intervenir en un mercado; y es lo que se da en el mercado de la educación.

Es aquí donde corresponde entonces subrayar la falsa dicotomía planteada por el Ministro: ¿quién apuesta por la total desregulación? Más allá de la declaración altisonante de algún político que quiere “tumbarse” la Ley o la SUNEDU; ninguno de los críticos serios de la Ley ha planteado una total desregulación. Nadie ha planteado, tampoco que se cierren las universidades públicas.

Creo que lo ideal sería que el Congreso debata con calma (mejor después de las elecciones, quizás) una seria reforma a la Ley Universitaria. No creo que sea necesario “tumbarse” a la SUNEDU, o derogar toda la Ley; pero sí tienen que desmontarse una gran cantidad de obligaciones contenidas en la Ley que no guardan relación con las fallas de mercado que se quiere corregir: requisitos para los profesores, modelos de gobierno “asambleístas” que no necesariamente apuntan a mejorar la calidad, exigencias de investigación que pueden terminar siendo vacías; exigencias de infraestructura que podrían terminar siendo barreras de ingreso al mercado, entre otras. Las Universidades acá también deben jugar (mejor) su partido. Si no les gusta la Ley Universitaria, propongan reformas alternativas en vez de buscar normas que sólo protejan sus puestos.

Por supuesto que el Ministro Saavedra es un político, y está haciendo lo que le corresponde. Fajarse por su reforma. Y eso está bien (aunque sería ideal que lo hagan antes de aprobarse la norma. Tal como pasó con el ministro Segura y la “Ley Pulpín”, están defendiendo la norma después de aprobarla).

Pero los que discutimos la reforma sin un interés de parte podemos y debemos ser más rigurosos. Si no realizamos una identificación precisa (quirúrgica diría) entre fallas de mercado y herramientas regulatorias, corremos en el riesgo de “hacer algo por hacer algo”, crear remedios peores que la enfermedad y distorsionar aun más mercados que ya funcionan mal. Ese es un lujo que no podemos darnos.

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[1] Esto a su vez permite que se presente una falla cognitiva conocida como “racionalidad limitada” o “bounded rationality”, consistente en el hecho de que los agentes económicos adoptan decisiones sólo parcialmente racionales, ya que nuestra racionalidad está limitada por la cantidad de información que poseemos y por nuestra capacidad de procesarla. Esta falla cognitiva, estudiada por economistas conductuales como el Nobel de Economía Daniel Kahneman, también debe ser atacada principalmente con más y mejor información para el consumidor; no necesariamente con el establecimiento de condiciones de calidad de un producto o servicio. Además, esta falta de información perfecta también es aliviada por mecanismos de mercado: el proceso prueba error, la existencia de agentes sofisticados que obligan a los proveedores a cambiar las prácticas que pueden perjudicar al consumidor, agentes proveedores de información, entre otros.

[2] La actividad produce beneficios de los que no es posible excluir a quienes no pagan por el servicio. En el caso de la educación, la sociedad. Existiría entonces, un problema de “free riding” .

[3] Los beneficios sociales de la actividad son menores a los beneficios privados. No es rentable invertir si el inversionista no va a ser capaz de recuperar dichos beneficios.

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Neutralidad de red: la insoportable burocratización del internet

Acabo de terminar un artículo criticando la propuesta del Osiptel para regular la neutralidad de red. Creo, para empezar, que regular la neutralidad de red (aka, el “tratamiento igualitario” de todo el tráfico en internet) no es necesario; no sólo porque el mercado de acceso a internet es razonablemente competitivo, sino porque no es necesario ni conveniente que el internet sea “neutral”.

Net Neutrality Web MZ

Pero, más allá de que no sea necesario regular la neutralidad de red, el problema es que Osiptel propone regular la neutralidad de red de la peor forma posible (digamos, hay otras versiones de la neutralidad de red menos intrusivas o más razonables). El proyecto de Osiptel prohíbe prácticas que son totalmente razonables y beneficiosas para el consumidor, y regula otras de manera bastante ambigua. Peor aún, “burocratiza” el internet con el establecimiento de permisos previos para la gran mayoría prácticas de gestión de ancho de banda. Sumado a ello, el informe que le da sustento tiene muy pobres argumentos y escasa evidencia.

El  artículo analiza las justificaciones de la neutralidad de red y su regulación en el Perú. Analizamos tanto la regulación vigente (muy puntual) como la propuesta de regulación del Osiptel. Desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, llegamos a la conclusión de que el mercado de acceso a internet no presenta fallas de mercado tales que justifiquen regular las condiciones de prestación del servicio. Asimismo, explicamos por qué la neutralidad de red puede tener consecuencias negativas en el mercado de acceso a internet en el Perú.

La respuesta a las posibles prácticas anticompetitivas que puedan darse en el mercado de acceso a internet (que sí, son posibles) como el bloqueo o el trato discriminatorio de ciertos servicios o aplicaciones deben ser combatidos a través del Derecho de la Libre Competencia.

Antes de mandar el artículo para su publicación en Ius et Veritas (por supuesto, si es que paso su riguroso proceso de selección) quise compartirlo aquí al estilo de los “working papers” en los Estados Unidos, a fin de beneficiarme del conocimiento colectivo. El artículo no ha pasado todavía por una estricta revisión de redacción y estilo (que suelo pedir a terceros). Además, las explicaciones técnicas acerca del funcionamiento del internet están bastante simplificadas (el tema da para un libro). Agradeceré enormemente cualquier crítica y  comentario acerca de la redacción, el enfoque, argumentos o fuentes adicionales, etc.

Aquí se los dejo: MZP – Neutralidad de Red IEV Dec 2015

UPDATE (14.04.2016): El artículo ya fue publicado en Ius et Veritas. Encuentran la versión final aquí.

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¡Punto para Canadá!: una norma para reducir la burocracia

No, no tiene nada que ver con algunas de las recientes medidas del nuevo “pop star” de la política, el flamante Primer Ministro Justin Trudeau. Se trata de una medida aprobada en abril de este año, la “Ley de Reducción de la Burocracia” (o “Red Tape Reduction Act”, cuyo texto en inglés pueden encontrar aquí). Esta Ley establece que el Gobierno Federal debe derogar o modificar un reglamento cada vez que crea una nuevo, con la finalidad de compensar los costos que crea la nueva regulación.

Web MZ - Taza de café en Canadá 2

“Si esto fuera otro país, te tendríamos que advertir que este café podría estar caliente. ¡Qué bueno que esto es Canadá”. Saben.

La idea parte de una regulación de la provincia de Columbia Británica. Según este informe del Mercatus Center, esta política ha significado una reducción de requisitos legales para los negocios en un 43% desde que se implementó en 2001. Ello, a su vez ha transformado la economía de Columbia Británica, una de las de más pobre performance, en una de las que más crece.

Recomiendo leer completo el paper de Mercatus.

Por supuesto, que esta nueva regla no es perfecta (el Congreso todavía puede crear nuevas regulaciones y trámites), y los gobiernos pueden encontrar formas de “sacarle la vuelta”. Pero es un gran avance: crea consciencia del hecho de que las normas tienen un costo (hecho que nunca podremos enfatizar lo suficiente) y evita el crecimiento exponencial de regulaciones y trámites (una tendencia en la mayoría de países).

¡Punto para Canadá!

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El Tribunal Constitucional y la Ley Universitaria: lo que no quieren ver los defensores de la reforma

El Tribunal Constitucional (en adelante, el “TC”) acaba de declarar en una reciente sentencia que la Ley Universitaria (en adelante “Ley Universitaria” o simplemente la “Ley”) es constitucional. Eso quiere decir que no será derogada; y los defensores de la Ley y las reformas han recibido la sentencia como una victoria. Yo sin embargo, pese a estar de acuerdo con algunas de las reformas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), creo que la sentencia es una mala noticia y que la Ley Universitaria es bastante mala. El post ha salido un poco más largo de lo recomendable, pero creo que el tema vale la pena.

Caricatura de Mario Molina para Contribuyentes por Respeto.

Caricatura de Mario Molina para Contribuyentes por Respeto. 

Antes de entrar al tema: tres errores de enfoque en el debate

En primer lugar, muy frecuentemente en el debate de políticas públicas se cae en la “falacia del todo o nada”. Si te opones a una determinada regulación, entonces eres etiquetado como un defensor de la total desregulación o del “status quo”. El hecho de que un mercado no provea los resultados más deseables puede significar que efectivamente haya que “hacer algo”. Pero hacer algo no significa hacer “lo que sea”[1]. Entiendo que los políticos tengan incentivos para comportarse así, pero los académicos, técnicos o medios que discuten estos temas no deberían caer en ese error.

En segundo lugar, algo que también se pierde de perspectiva es que una Ley, como es el caso de la Ley Universitaria, está compuesta de muchos artículos que pueden contener una o más normas legales. Son estas normas (obligaciones, requisitos, prohibiciones) las que pueden restringir irrazonablemente derechos y libertades (y por ende, ser inconstitucionales), incluso cuando otras partes de la norma sean perfectamente razonables y constitucionales. Entonces, declarar que algunos artículos de una Ley son inconstitucionales, o simplemente muy malos, no implica querer “tumbarse una reforma” (aunque sí haya quien tenga esa intención, con motivos válidos y no tan válidos). Soy consciente de que hay gente corrupta, mercantilista, o simplemente mediocre oponiéndose a la reforma; pero pedir que las leyes sean bien hechas no es “hacerles el juego”.

En tercer lugar, y quizás este sea el error más común en políticas públicas (Milton Friedman tiene una famosa cita al respecto), se juzga una política por sus intenciones antes que por sus efectos. La Ley Universitaria tiene un objetivo loable, pero eso no quiere decir que cualquier medio que se use para obtenerlo sea beneficioso.

¿Por qué la sentencia es una mala noticia? El Tribunal Constitucional claudica en su misión de proteger nuestras libertades y derechos

Hace tiempo vengo recopilando y leyendo sentencias del TC y creo que puedo afirmar, sin pecar de temerario, que es un débil defensor de nuestros derechos y libertades económicas[2]. Esta falencia del TC ha permitido la enorme expansión de la regulación y la burocracia (incluso cuando en los años 90’ tuvimos importantes olas de liberalización y simplificación administrativa). Este TC, pese a contar con magistrados de mayor calidad que en composiciones anteriores, no ha sido mejor en ese aspecto.

Aunque se llega a la conclusión de que “tiene el deber de controlar la legitimidad constitucional de las políticas públicas” (Fundamento 22), al analizar la constitucionalidad de varios artículos de la ley los “pasa por agua tibia”. Muchos de ellos analizan simplemente que el texto de la Ley no contradiga expresamente la constitución[3], olvidándose que, como el propio TC ha señalado: “toda regulación estatal debe justificarse por la presencia de una falla del mercado, es decir, por una situación en la que el libre juego de la oferta y la demanda y el régimen de libre competencia impidan alcanzar una asignación eficiente de recursos, lesionando intereses públicos”[4] (el énfasis es mío). El TC también parece olvidarse, en muchos pasajes de la sentencia, del principio de proporcionalidad que recoge en diversas sentencias. Las normas deben ser idóneas para los fines que persiguen (relación entre el fin perseguido y el medio), necesarias (es decir, usar el medio menos lesivo posible) y proporcionales (los costos impuestos a los afectados por la norma deben ser menores que los beneficios obtenidos por la restricción al derecho o libertad)[5].

Es importante aclarar algo en este punto, para ser justos con el TC. La calidad de una sentencia puede estar relacionada muchas veces con la calidad de la demanda. No he leído las demandas que dieron origen al presente caso, pero de lo reseñado en la sentencia me queda la impresión de que los argumentos de los demandantes no han sido del todo sólidos.

¿Cuáles son los problemas en el mercado de educación universitaria? ¿Apuntan las diversas normas de la Ley a solucionarlos?

El problema es obvio. La educación universitaria es, en general, mala en el Perú[6] (aunque sí tenemos universidades muy buenas). Pero, ¿cuál es la causa de ese problema? Como todo fenómeno complejo pueden haber muchas causas. Problemas estructurales peruanos como la pobreza y la baja calidad institucional sin duda juegan un rol. Hay un factor humano, además, que impedirá que cualquier mejora, vía regulación (incluso una buena regulación) o vía mecanismos de mercado tenga lugar de la noche a la mañana.

Una frecuente explicación a la mala calidad es, creo, muy simplista: “Las universidades son un negocio”. Si bien el fin de lucro[7] que tienen ciertas universidades puede crear incentivos perversos (privilegiar el reparto de dividendos en el corto plazo en perjuicio de la inversión en investigación, infraestructura o en la contratación de mejores profesores por ejemplo), la competencia de otros centros de estudios, que sí los hay en cantidad, debería “disciplinar” esos incentivos. Al final, si las universidades quieren ganar más dinero, deben ofrecer mejor calidad al consumidor (o lo que este desee: mejor “empleabilidad”, por ejemplo). La gran mayoría de agentes económicos prestan un servicio o venden un producto para hacer negocio. La gastronomía es un negocio en el Perú y tiene una gran calidad. El microcrédito es un negocio en el Perú y es reconocido como un caso de éxito internacionalmente.

Lo que pasa es que en el mercado de educación superior se presentan “fallas de mercado” que impiden que el mercado funcione “adecuadamente”[8]. El economista Gustavo Yamada, experto en el mercado educativo (y uno de los “defensores” de la Ley Universitaria) señala que existen asimetrías de información que ameritan regular este mercado. Hugo Ñopo, otro economista experto en temas de educación, en un reciente artículo también señala que el hecho de que ciertos aspectos de la educación no sean muy “observables”, y que los resultados son muy posteriores a la toma de decisiones (cuando uno escoge una universidad los costos de cambio son altos, y la calidad de ésta sólo puede apreciarse cuando uno ya ha estudiado algunos semestres o, incluso, cuando ya se ha graduado) generan también asimetrías de información significativas. Estas asimetrías de información, cabe precisar, pueden aliviarse mediante mecanismos de mercado como la propia competencia, la reputación y la información que genera el propio mercado; pero asumamos, por ahora, que se trata de fallas que el mercado no puede superar.

También podría argumentarse que existen en este mercado bienes públicos y externalidades (positivas). La educación y la investigación que se supone deberían realizar las universidades ofrecen beneficios públicos que superan los beneficios privados obtenidos por la actividad, van a realizar dicha actividad en un nivel “subóptimo” (es decir, en menor cantidad o calidad a la requerida). Pueden leer un interesante post sobre el tema en la Library of Economics and Liberty aquí.

Ahora bien, el hecho de que existan fallas de mercado no justifica automáticamente la regulación, ni mucho menos cualquier tipo de regulación. Debemos tomar en cuenta que también se producen “fallas de Estado” que limitan el impacto que la regulación puede tener. Por eso es necesario que la regulación se limite a lo estrictamente necesario para atacar las referidas fallas de mercado. Como señala el propio Yamada: “Por un lado, la legislación debe promover mucha flexibilidad y diversidad de modelos universitarios, que atiendan de manera rápida y eficaz las cambiantes necesidades del país y la incesante revolución tecnológica que está afectando el modelo tradicional de enseñanza e investigación universitaria. Demasiado reglamentarismo, en este sentido, no ayudará a mejorar la calidad de la educación superior”.

En la Tabla No. 1, debajo, listo a grandes rasgos algunas fallas de mercado y las soluciones regulatorias que se pueden justificar a la luz de estas fallas:
Post 010 - Tabla 1Si el problema del mercado de educación superior es uno de información asimétrica, la solución regulatoria tiene que venir principalmente por la creación de más información. También se pueden crear estándares mínimos, con la finalidad de que en el corto plazo no se tomen muy malas decisiones por la falta de información. Es por eso que no estoy en contra de la existencia de un Superintendencia de Educación Universitaria, ni de que se evalúe la calidad de las universidades. Yo no llegaría al extremo de cerrarlas sino cumplen con ciertos estándares, sino que creo que se les podría quitar una certificación o la posibilidad de emitir títulos “a nombre de la Nación”.

Por otro lado, para atacar los problemas de bienes públicos y externalidades positivas tenemos ya implementado la forma de intervención en estatal más fuerte posible: la provisión estatal del servicio. Ninguno de los críticos de la Ley Universitaria, que yo sepa, ha pedido que se cierren las universidades públicas. ¿Por qué el Estado no se ha concentrado en mejorar las universidades públicas y destinarles mucho más recursos antes que preocuparse en regular hasta el más mínimo detalle en las privadas?

¿Qué normas de la Ley debieron ser inconstitucionales?

Como ya hemos señalado, la sentencia “pasa por agua tibia” el análisis de varios puntos de la Ley cuya inconstitucionalidad se denuncia. El TC renuncia a su capacidad de exigirle al legislador que sustente adecuadamente la idoneidad de las cargas que nos impone como ciudadanos, de las limitaciones a nuestra libertad. Muchas de estas normas además, no sólo no son idóneas, necesarias ni proporcionales, sino que atentan directamente contra el supuesto objetivo de la norma: dar a los alumnos una mejor educación universitaria.

Allí donde se digna a analizar la idoneidad de una determinada norma, el “análisis” se limita a un “parece razonable” sin hacer referencia a evidencia alguna, a estudios o siquiera a experiencia comparada.
Listaré a continuación sólo algunos ejemplos, ya que la lista de artículos “analizados” en la sentencia (más de 30) es demasiado larga:

i) Sobre la facultad de la SUNEDU de determinar cuántas universidades son “convenientes”:

Uno de los demandantes en el caso, el Colegio de Abogados de Lima Norte sostuvo en su demanda que la previsión del artículo 27 de la Ley es inconstitucional, por cuanto solo podrán operar aquellas universidades, facultades o programas que la SUNEDU “considere necesarias”. Ello, en opinión de dicho colegio profesional, viola la autonomía universitaria y limita los derechos de las personas y su libertad de elección. El TC responde a dicho argumento señalando que: “si lo que se exige a los promotores de las universidades es que garanticen, y no que propendan o tiendan, sino que aseguren, la “conveniencia” o “pertinencia” de crear la institución, y si la autoridad administrativa utiliza corno parámetro las “políticas nacionales”, podría decidir que determinada casa de estudios es impertinente o que su ideario resulta inconveniente”. Pero esta es una norma que claramente deja abierta la posibilidad de un accionar totalmente arbitrario de la SUNEDU, además de que la “respuesta” del TC pasa por alto el análisis de idoneidad de esta medida. ¿Para qué sirve esta norma? ¿Esto asegura calidad? ¿Qué pasa si en un determinado momento la SUNEDU determina que ya hay “suficientes” Facultades de Derecho? ¿Una nueva facultad no tiene acaso la libertad de entrar al mercado y competir con las establecidas? ¿Puede la SUNEDU –con todas sus capacidades y asumiendo que tiene a los mejores en la materia- definir mejor que el mercado qué carreras serán demandadas?

La libertad de empresa incluye la libertad de correr riesgos, de crear facultades que podrían no tener mucha demanda, o no corresponder a la demanda del mercado laboral. Ciertamente eso puede tener un costo altísimo para los alumnos. Pero es un costo que, en cualquier caso, menos competencia no ayuda a eliminar. Una medida más idónea y proporcional es el dar información a los alumnos sobre la demanda de profesionales en una u otra carrera. Con esa información, ellos deben ser libres de asumir ese riesgo. Ese riesgo además, puede minimizarse con la imposición de algunos estándares mínimos.

ii) Sobre el régimen de gobierno de las universidades

Se cuestionan en la demanda también la constitucionalidad del artículo 57 de la Ley, que establece las atribuciones de la Ley Universitaria. Sobre el particular, el TC se limita a señalar (fundamento 222) que:

“En relación con la Asamblea Universitaria, surge del texto de la disposición que se encuentra integrada por representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria, incluyendo a las autoridades electas, profesores, estudiantes, graduados e incluso de los trabajadores administrativos.

Esta regulación adoptada por la ley universitaria, y en particular, la participación de los estudiantes, que es el aspecto impugnado por los Congresistas, no resulta contraria a la Constitución, por cuanto el legislador democrático puede modificar el régimen al que deben sujetarse las instituciones que imparten educación superior”.

¿En serio? ¿Sólo porque “el legislador puede” resulta legítimo? Personalmente, considero que el interferir en el régimen de gobierno de las Universidades (al menos en la de las privadas) viola claramente la libertad de empresa. Si yo invierto en una universidad, ¿por qué el Estado debe decirme cómo manejarla? ¿por qué el Estado le da votos a los empleados y estudiantes (que no arriesgan capital en la universidad)? Si el problema es la calidad, por último, puede regularse la calidad[9]. Pero regular el régimen de gobierno de las universidades no tiene ningún sentido.

No veo cómo darle el voto a los alumnos para elegir “democráticamente” a las autoridades universitarias puede contribuir a mejorar la calidad.

iii) Sobre los requisitos para ser profesor universitario

No encuentro en la sentencia referencia alguna a este punto, pero el voto en discordia del magistrado Blume Fortini señala que “no es constitucional exigir que para la enseñanza universitaria en nivel de pregrado, deba ostentarse el grado de Magister o el de Doctor, porque ello atenta contra lo establecido en el artículo 2°, incisos 2 (derecho de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación), 14 (derecho a contratar), 15 (derecho al trabajo y al ejercicio de la profesión) y en el artículo 17° (derecho a participar en la oferta educativa), entre otros, de quien ha obtenido el título profesional correspondiente, ya que es evidente que en dicha condición ha adquirido el derecho de ejercer libremente su profesión, entre cuyas dimensiones se encuentra también la docencia, en el ámbito de su profesión”.

El análisis de Blume Fortini es muy superficial, pero yo también creo que es inconstitucional. La razón es que la Ley debería dejar a las universidades que ellas exijan a los profesores los grados que ellos consideren convenientes. Tal como está redactada la Ley, además, maestrías realizadas en prestigiosas universidades como Harvard, Yale u Oxford no serían válidas porque no cuentan con 48 créditos. Si las universidades deciden contratar profesores con menos grados académicos, esa información también debe hacerse llegar al estudiante.

Dicho esto, en mi experiencia he tenido estupendos profesores (actualizados y que investigaban) sin maestría y muy malos profesores con doctorado. Los grados académicos deben ser un criterio a evaluar pero no uno que definitivamente bloquee el acceso a un cátedra. Según este criterio, Gastón Acurio no podría dictar clases de gastronomía, y Juan Diego Flórez no podría enseñar música.

El Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, por cierto, ha reconocido en una entrevista que este era (es) un aspecto inconstitucional de la Ley (al igual que el límite de edad tratado en el punto siguiente); aunque no hubo quórum necesario en el TC para declararlo como tal.

iv) Sobre el límite de edad impuesto a los profesores

Según el artículo 84 de la Ley, “la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo”.

¿Qué justifica este límite de edad? ¿Los “viejos” ya no sirven? No se trata de una prohibición absoluta, ya que las facultades podrían retener alguna cantidad de personas mayores, pero de todas maneras se trata de cómo máximo el 10%. ¿Por qué 10%? ¿Por qué no 15%? Bajo este criterio, Mario Vargas Llosa no podría dictar literatura, ni Hernando de Soto o Richard Webb economía. No nos podría enseñar historia el maestro José Agustín de la Puente Candamo.

En este punto se limita nuevamente al TC a señalar que “en tanto y en cuanto el constituyente no ha fijado un límite de edad para el ejercicio del cargo de docente ordinario, ni ha prohibido el establecimiento de dicho límite. Por ende, e independientemente de cualquier otra consideración, el mismo deviene en constitucionalmente posible”.

El TC intenta luego un análisis de proporcionalidad, ya que señala que esta norma facilita la inserción de nuevos profesores. Se plantea la idea como una mera hipótesis, sin ninguna evidencia al respecto.

No queda claro cómo esta medida resulta idónea para solucionar las fallas de mercado existentes en el mercado de educación universitaria.

¿Y qué hacer con la calidad de la educación universitaria?

Como se desprende de las secciones anteriores, sí le veo un rol al Estado en el mercado de educación universitaria. Además de proveer directamente el servicio a través de las universidades públicas (lo cual además, sirve para promover que los más pobres puedan estudiar) el Estado debe incentivar más y mejor competencia entre las privadas. Para ello debe atacar principalmente el problema de asimetría de información. Puede hacer eso creando rankings de calidad y empleabilidad de las universidades, haciendo evidente para el consumidor qué universidades son buenas y malas. Pero no es necesario que se llegue al extremo de regular aspectos de gobierno interno de las universidades que no se ha demostrado que tengan una relación con los problemas que se quiere solucionar. Si se ataca exitosamente el problema de la asimetría de información esto debe facilitar las empresas puedan competir. Si además, en paralelo, existen universidades públicas (que atacan los problemas de bienes públicos y externalidades) existen aún más incentivos en las privadas para ofrecer una mejor calidad.

Es paradójico que uno de los reclamos (válido, por cierto, aunque no es algo que deba realizar necesariamente toda Universidad) de los defensores de la Ley Universitaria es que se realice más investigación. Sin embargo, muchas de los requisitos, cuotas y plazos que establece la Ley han sido establecidos “al champazo”. Pueden revisar los proyectos de Ley (¡aproximadamente cincuenta!) que le dieron origen y sus dictámenes aquí. ¿Están basados acaso en una sólida investigación? Sé que hay extensa literatura y estudios referidos a las fallas de mercado en el mercado educativo, pero ésta no ha estado detrás de la Ley Universitaria y no respalda muchas de las normas concretas que ésta contiene.

Un profesor y amigo me enseñó que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Y es cierto, a veces es necesario empezar a andar el camino de una reforma aun cuando el marco legal o institucional no sea perfecto. Pero la Ley Universitaria no tiene sólo “algunos” errores. Tiene demasiados. Los defensores de la norma están minimizando estos errores o señalando que “luego se puede modificar la norma”. Pero creo que tenemos que ver el bosque y no sólo el árbol. ¿Así queremos que se legisle en el Perú?

[1] Muchas veces, como señala Angus Deaton “la necesidad de hacer algo prima sobre la necesidad de entender lo que necesitamos hacer. Y sin la información adecuada, cualquiera que hace algo se siente libre de proclamar que su política ha resultado exitosa”. (“The need to do something tends to trump the need to understand what needs to be done. And without data, anyone who does anything is free to claim success”). Angus Deaton. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. New York: Princeton University Press, 2013. p. 15-16.
[2] Me toca sustentar esta afirmación con un mayor análisis que excede el propósito de este post.
[3] Es elocuente el fundamente 314 de la sentencia: “Respecto a la presunta necesidad de que el legislador dé razones como señalan los Congresistas demandantes en el Expediente 00016-2014-PI, cabría sostener que no existe una exigencia constitucional de tal naturaleza. El legislador aprueba la ley en virtud de su legitimidad democrática, y su discrecionalidad en el ejercicio de estas competencias se respeta mientras no se acredite la existencia de claros supuestos de arbitrariedad”.
[4] Sentencia expedida en el Expediente No. 008-2003-AI/TC, relativo a la fijación de precios mínimos en el transporte. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html. Esto se ha afirmado en sentencias más recientes.
[5] Sentencia expedida en el Expediente No. 045-2004-AI/TC, relativo a una modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Disponible en: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.html
[6] Esto es casi una “verdad generalmente aceptada” en el Perú, pero si quieren alguna evidencia sugiero revisar este trabajo de Lavado, Martínez y Yamada: “¿Una promesa incumplida? La calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú”. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-21-2014.pdf
[7] Algo muy importante que precisar respecto al fin de lucro: la exigencia legal de que las universidades sean “sin fines de lucro” que algunos defienden puede terminar creando una definición meramente formal. El hecho de que una asociación civil no pueda repartir dividendos no quiere decir que sus directivos no puedan, por ejemplo, asignarse sueldos altos u otros beneficios que les permitan “lucrar” con la educación.
[8] Otra precisión importante: incluso si el mercado funciona “adecuadamente” no necesariamente se va a llegar a un resultado “perfecto”. Dicho de otra manera: con más competencia no necesariamente las universidades peruanas se van a transformar en Harvard, Yale o Chicago. El resultado óptimo al que puede llegar la competencia está determinado también por las limitaciones que cada contexto tiene. Ese contexto, claro está, también limita lo que la regulación puede lograr, más aún si se toman en cuenta las “fallas de Estado”.
[9] Algunos estándares mínimos, para minimizar los costos de error que se pueden derivar de las asimetrías de información. En principio, debemos permitir que las universidades compitan por calidad, eso les da incentivos para mejorarla (asumiendo que implementaremos mecanismos para reducir las asimetrías y permitan a los estudiantes comparar mejor).
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¿Los aerolíneas te tratan mal? Es (al menos en parte) tu culpa

Muchas veces, cuando he criticado la creación de una nueva regulación[1] señalando que ésta no es necesaria porque el mercado es razonablemente competitivo[2], no falta quien responde: “no seas naive. ¿Acaso las empresas porque son buenas nos van a ofrecer más calidad?”, “a las empresas sólo les importa el lucro, no el servicio ni la calidad”, ¿acaso el mercado es perfecto?”.

Web MZ Post Aerolíneas airline-seats

Claramente, estas personas no conocen (o no han entendido) los postulados básicos de la economía de mercado o del liberalismo. Nadie pretende que el empresario nos dé un mejor servicio “porque sea buenito”. Ya desde Adam Smith se reconoce que “no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por la búsqueda de su propio interés”[3].

Claro que a las empresas les importa primordialmente su propio beneficio. Pero justamente, para hacer dinero con nosotros necesitan darnos la calidad que nosotros demandamos. Necesitan tener empatía con el consumidor y tratar de entender cuáles son nuestras preferencias. Sólo así tendrán más beneficios. Y claro, cuando digo “la calidad que demandamos” es bien importante precisar una cosa: es la calidad por la que estamos dispuestos a pagar. Muy fácil es pedir y pedir más calidad, pero el consumidor “vota” por más calidad no con sus posts en redes sociales (aunque éstos parecen tener cierta influencia) ni con sus quejas en los mostradores. El consumidor “vota” por más calidad demostrando con sus decisiones de consumo que efectivamente valora una mayor calidad. Como dicen en Estados Unidos: “put your money where your mouth is” (que podríamos traducir como: “una mano al pecho y la otra al bolsillo derecho”).

Un ejemplo clarísimo de esto es el caso del transporte público. El consumidor peruano demanda un mejor transporte público y se queja de las combis, pero no quiere pagar el mayor costo que un servicio ordenado implica (y no hablemos acá solo del costo monetario. No quiere hacer cola ni caminar unas cuadras hasta el paradero).

Algo parecido pasa con las aerolíneas. Nos quejamos frecuentemente de que queremos más espacio, más flexibilidad en los pasajes, mejor comida y mejores sistemas de entretenimiento, pero al final decidimos primordialmente por un tema de precios. Y el mensaje que le damos a la aerolínea es “lo que más me importa es que tus precios sean bajos”. Un artículo recientemente publicado en The Economist da cuenta de un informe preparado por la industria aérea según el cual no hay correlación entre las mayores comodidades brindadas a los pasajeros y mayores utilidades de las aerolíneas. Dicho de otra manera, el brindar más comodidades (una mejor calidad) no incide sobre los beneficios de la empresa. Lo que pasa según el estudio es que el público se acostumbra rápidamente a estos beneficios y los da por sentados, no los considera un valor agregado. Claro, puede dudarse de este informe al ser preparado por la misma industria, así que habría que ver quizá algunos estudios independientes.

En cualquier caso, estos hallazgos parecen ser confirmados por lo que está pasando con RyanAir. Esta low cost tenía una marcada estrategia: daba menos comodidades (su polémico CEO, Michael O’Leary, amenazó con cobrar por el uso de los baños en el avión) y cobraba los precios más baratos del mercado. Esa estrategia le dio resultados por muchos años, lo cual quiere decir que los consumidores consideraban que los bajos precios compensaban la “mala calidad” (¿es en realidad “mala” si corresponde a lo pagado?) de servicio.

Pero los consumidores le han dicho “tampoco, tampoco” a RyanAir. En los últimos tiempos los consumidores han “castigado” a RyanAir y ésta se ha vuelto obligada a cambiar de estrategia. Existen, claro está, rutas en las que existe muy poco competencia o incluso una aerolínea tiene el monopolio. Ello limita los efectos que la competencia o las decisiones del consumidor puedan tener en la conducta de una determinada aerolínea.

Pero, al menos en aquellas rutas en las que hay competencia, el consumidor sí puede hacer la diferencia con sus decisiones de consumo. Eso sí, debe poner una mano al pecho, y la otra al bolsillo derecho.

[1] Entiéndase regulación no en sentido amplio (cualquier norma legal), sino en sentido estricto: reglas de conducta que determinan ex ante las condiciones de venta de un producto o servicio: condiciones mínimas de calidad, inclusión obligatoria de determinados términos contractuales, o incluso precios.
[2] “Razonablemente competitivo” quiere decir que en el mercado es posible la competencia y que no hay fallas de mercado significativas. No quiere decir que el mercado sea necesariamente muy competitivo ni menos aún que tenga “competencia perfecta”.
[3] The Wealth of Nations, Libro I, Capítulo II, pp. 26-27, párrafo 12. Citado por BUTLER, Eamonn. The Condensed Wealth of Nations. And the Incredibly Condensed Theory of Moral Sentiments. Adam Smith Institute, 2011. p. 11. Traducción libre del texto original en inglés: “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest”.
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Los retos de la regulación frente a la “sharing economy” (III): el trabajo

Cuando hace algunos semanas describíamos en un post los beneficios de la economía de pares, lo hacíamos básicamente desde el punto de vista del consumidor: generan más competencia y reducen costos de transacción, lo cual se puede traducir en precios más bajos. Además, permiten reducir asimetrías de información, lo cual nos facilita tomar mejores decisiones de consumo.

Según algunos estos son los pobres

Según algunos estos son los pobres “trabajadores” de la economía de pares.

En ese mismo post, sin embargo, mencionamos brevemente, que “también se le ha definido [a la economía de pares] como “gig economy” (algo así como “economía de los cachuelos”) debido a que facilita que muchas personas tengan un segundo “empleo” (…) o fuente de ingresos”.

En efecto, la economía de pares tiene también muchas ventajas para los oferentes de servicios o mano de obra (aunque no necesariamente sean “empleados” desde el punto de vista legal). En el caso de conductores como Uber (para seguir con el ejemplo de los dos post anteriores), el ofrecer el servicio de transporte a través de esta plataforma les da mayor seguridad (los pasajeros también son evaluados por los conductores), un mejor ingreso y, en la que quizá es e mayor beneficio: permite un uso más eficiente de su tiempo. Dado que los pasajeros llaman a los conductores vía la aplicación (en sus smartphones) estos últimos tienen mucho menos “tiempo muerto” que los taxistas tradicionales, que deben estar en la calle circulando todo el tiempo, gastando su tiempo y gasolina. Programas como Amazon Flex permiten que la gente haga “cachuelos” como courier en su tiempo libre.

Pese a estos beneficios, hay gente que se preocupa porque considera, al parecer, que la economía de pares puede ser un nuevo instrumento para la “explotación del proletariado”.

Kevin Drum, un bloguero político en Motherjones.com se preocupa de que empresas como Amazon puedan usar plataformas “tipo Uber” (se refiere a Amazon Flex) para contratar conductores como independientes, cuando “deberían” contratarlos como empleados. “Pareciera que la ‘economía de pares’ consiste en cualquier trabajo que de alguna manera se relaciona con una aplicación que permite programar horarios y provee a los trabajadores con pequeños trabajos irregulares a capricho del empleador. En otras palabras, casi como los trabajadores manuales de la Época Victoriana, pero con smartphones y mejor paga”[1].

La opinión de Drum, obviamente tiene una significativa carga ideológica que le impide apreciar cualquier posible beneficio para las personas que trabajan usando este tipo de aplicaciones. En vez de decir “demanda” dice “caprichos del empleador”. Es decir, si los compara con los trabajadores de la época Victoriana… pobrecitos, los conductores de Uber serían como Oliver Twist, el huérfano de la novela de Dickens.

Los políticos, lamentablemente, han recogido el guante. La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton ha señalado que: “esta economía ‘a demanda’ o también llamada ‘economía del cachuelo’ está generando interesantes oportunidades y innovación revolucionaria, pero también está generando dudas acerca de las protecciones en el trabajo o de qué cómo será un buen trabajo en el futuro”[2]. Bernie Sanders, el otro candidato demócrata con opciones, también ha criticado a Uber por “estar desregulado” (¿es eso un problema?).

Creo que, desde el punto de vista económico, estas preocupaciones de “abusos” sobre el trabajador son injustificadas. Los propios oferentes de servicios se están pasando voluntariamente a estas plataformas, en las que, por lo demás, no hay evidencia de que alguna de ellas tenga o pueda obtener poder monopólico.

Puede ser que no sean “trabajos” en todo el sentido de la palabra, ni se tengan los mismos beneficios, como señala The Atlantic, pero definitivamente la gente está mejor con estas posibilidades que sin ellas. Como ha señalado Megan McArdle, “esto no es Dickens”:

“Confieso que no me queda claro cuál es el problema. El trabajo manual en la Época Victoriana no era horrible principalmente porque consistía de contratos eventuales; era horrible porque los puestos de trabajo eran desagradables, la paga era baja, y los trabajadores heridos con frecuencia acababan en la indigencia. Que me paguen $ 25 por hora para hacer algo mucho más agradable que fregar suelos con productos químicos cáusticos no afecta demasiado mi sensibilidad.

También me resulta difícil creer de que Uber o Amazon Flex puedan desarrollar un poder de mercado peligroso para que la gente lleva cosas en sus autos. ‘La gente lleva cosas en sus autos (incluidos pasajeros)’ es un mercado con barreras muy bajas a la entrada; que es precisamente la razón por la que las empresas de taxis han invertido tanto en lobby para obtener leyes y regulaciones que las protegen de la competencia. Los efectos de red que se generan con este tipo de aplicaciones pueden, por supuesto, crear barreras de entrada; pero en un negocio donde el único requisito es un vehículo personal y una habilidad que poseen casi todos los adultos de Estados Unidos de América, esos efectos no son suficientes para permitir que cualquier empresa abuse de cualquiera de sus clientes o trabajadores en el largo plazo”[3].

Pese a que económicamente no hace sentido incluir a éstos oferentes de servicios dentro de la regulación laboral, no han faltado intentos por reclasificar a los trabajadores de la “economía de pares” como trabajadores dependientes.

Richard Epstein analiza el caso de una corte en San Francisco, California que le concedió a una conductora de Uber más de US$ 4,000 en gastos de combustible (bajo la lógica de que en las relaciones laborales es el empleador el que asume los costos de prestar el servicio), pese a que el contrato con dicha empresa establecía claramente que el conductor asumiría dichos gastos. Pero eso no tiene sentido, ni protege a los conductores de la “explotación” de Uber, explica Epstein, cuando ex ante, la empresa y los conductores eligieron esa vía legal para su relación (el contrato de locación de servicios y no la relación laboral). Hay que pensar, además, que muchas veces los supuestos beneficiarios de la regulación laboral prefieren estar fuera de ella[4]. Una de las razones es que, aunque tengan menos “beneficios” pueden recibir mayores ingresos en efectivo a fin de mes.

Legalmente, y si la memoria que tengo de mis clases de Derecho Laboral no me falla, se requiere prestación personal de servicios, remuneración y subordinación para que exista una relación laboral. Creo que es esta última condición la que no se cumple en la “economía de pares”, ya que más allá de cumplir ciertas reglas (por lo demás, no ajenas a la contratación independiente vía locación de servicios) los oferentes de servicios gozan de bastante libertad en la oportunidad y forma en la que prestan sus servicios (por ejemplo, en el caso de Uber los choferes tienen el derecho casi irrestricto de rechazar pasajeros y eligen libremente el horario en el que trabajan).

Dado que la economía de pares sigue evolucionando, y que hay infinidad de industrias involucradas en ella o que potencialmente pueden usarla, es posible que haya escenarios en las que la aplicación de la regulación laboral sí esté justificada (es posible, aunque no necesariamente sensato). Pero no nos apuremos a encorsetar la economía de pares allí donde puede florecer en beneficio de consumidores y oferentes.

Fuente de la imagen: http://www.victorianchildren.org/wp-content/uploads/2013/03/Victorian-Child-Labor-Farm.jpg

P.s.: Esta es la última entrega de una serie de tres posts sobre la “economía de pares” (al menos por ahora, este fenómeno está en constante desarrollo y siempre pueden surgir nuevos aspectos regulatorios o nuevos estudios que alimenten el debate). Pueden leer los dos primeros aquí, y aquí.

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[1] Traducción libre del siguiente texto: “It now seems as though the ‘sharing economy’ is any job that’s somehow related to a scheduling app and provides workers only with odd bits and pieces of work at the employer’s whim. In other words, sort of like manual laborers in the Victorian era, but with smartphones and better pay”.
[2] Traducción libre del siguiente texto: “This on demand or so-called gig economy is creating exciting opportunities and unleashing innovation,” she said, “but it’s also raising hard questions about workplace protection and what a good job will look like in the future”.
[3] Traducción libre del siguiente texto: “I confess, I’m not clear on what the problem is. Manual labor in the Victorian era was not primarily awful because it involved short-term contracts; it was awful because the jobs were grim, the pay was low, and injured workers frequently ended up destitute. Getting paid $25 an hour for doing something much more pleasant than scrubbing floors with caustic chemicals does not tug at my heartstrings in the same way.
I also find it hard to worry that Uber, or Amazon Flex, is going to develop dangerous dominance in the market for people driving stuff around in their cars. ‘People driving stuff around in their cars (including passengers)’ is a market with very low barriers to entry, which is why taxi firms have invested so much in lobbying for laws, and powerful regulators, to protect them from competition.  Network effects can, of course, create barriers to entry — but in a business where the only requirement is a personal vehicle and a skill that almost every American adult possesses, those effects are unlikely to be enough to allow any company to abuse either customers or workers for very long”.
[4] Ver, por ejemplo: PERRY, MALONEY et al. Informality: exit and exclusion. World Bank Latin America and Caribbean Studies, Washington DC, 2007. p.5.
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¿Es el sector privado “inepto”? O, ¿se volvió Bill Gates socialista?

Hace algunos semanas Bill Gates concedió una entrevista a la revista The Atlantic, en la que señala que está a favor de la intervención estatal en los mercados con la finalidad de mitigar el cambio climático. En particular, Gates sostiene que además de mecanismos convencionales para reducir externalidades (impuestos a combustibles fósiles, por ejemplo), el Estado debería participar activamente en la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías “más verdes”. De lo contrario, las tecnologías verdes no surgirán tan rápido como es necesario.

Mientras tu decidías si era socialista o no, hice varios milones. Fuente: http://www.zenzoneforum.com/attachment.php?attachmentid=23320&d=1378901447

Mientras tu decidías si era socialista o no, hice varios milones. Fuente: http://www.zenzoneforum.com/attachment.php?attachmentid=23320&d=1378901447

Lo que señaló Gates, casi textualmente (para no traducir literal y dar contexto, hay algunos cambios al fraseo), fue lo siguiente:

“El empuje debe venir por el lado de la I+D… la forma de reducir [emisiones dañinas] es el impuesto al carbón.

Claro, el gobierno será inepto en alguna medida… pero el sector privado es inepto en general. ¿En cuantas compañías invierten los capitalistas de riesgo que fallan? De lejos, una gran mayoría”[1].

Luego de estas declaraciones, algunos se han apurado a celebrar la opinión y señalar que ésta justifica una mayor intervención del Estado en la economía. La revista Uncut U.S. señaló incluso, en un titular bastante engañoso, que el fundador de Microsoft había opinado que “sólo el socialismo nos salvará del cambio climático”.

Lamento desilusionarlos, pero no, Bill Gates no se ha vuelto socialista (al menos no en función a lo recientemente declarado a The Atlantic. De hecho, si ven esta entrevista con el American Enterprise Institute notarán su claro respaldo a la libertad empresarial y a los derechos de propiedad).

Creo que lo que Gates hace es, opinando desde un punto de vista pragmático, defender la intervención del Estado en un sector en el que efectivamente es necesaria su intervención: la protección del medio ambiente ¿Cómo y hasta dónde? Eso es lo que debemos discutir.

Al regular las actividades que afectan el medio ambiente, sí se presentan “fallas de mercado” que justifican regulación. Para empezar, los daños al medio ambiente pueden causar externalidades severas, que no se pueden internalizar mediante contratos o mediante derechos de propiedad. Por eso sí es justificable que el Estado regule ex ante determinadas conductas (impuestos, límites de emisión, reglas para el desecho de sustancias tóxicas) y ante el incumplimiento de la regulación multe a los infractores.

Por otro lado, podría considerarse que la protección del medio ambiente es un bien público, que ante la falta de inversión estatal no se proveerá en cantidad suficiente. Esto podría justificar subsidios o incluso la participación directa del Estado en ciertos mercados. De hecho, aquí Gates explica cómo el entiende las fallas de mercado y da un concepto bastante razonable de “bien público”.

Estas medidas, cabe precisar, son perfectamente coherentes (al menos en teoría, la implementación puede ser otra historia) con una economía de mercado, y no son, de ninguna manera, “medidas socialistas”. Lo que hay que ver es que estas medidas sean adoptadas previo análisis costo-beneficio, y sin distorsionar la competencia. También debe cuidarse que los procedimientos administrativos ligados a la regulación no resulten en una excesiva burocratización.

Gates se muestra favorable, en particular, a la inversión estatal en I+D para desarrollar combustibles “verdes”. Eso no me suena mal, pero habría que ver mediante qué mecanismo. Los incentivos tributarios para los innovadores pueden ser una buena forma. Habría que tener mucho cuidado con los subsidios directos o con la inversión directa del Estado, ya que pueden distorsionar la competencia y bloquear otras tecnologías. Hay evidencia, además, de que el sector privado sí invierte en I+D.

No es un tema de ineptitud: ¡es un tema de incentivos!

¿Por qué entonces trajo Gates a colación el tema de la ineptitud? Lo hizo, creo, para adelantarse a una eventual oposición a su propuesta, sobre el argumento de que el Estado es “inepto” o no sabe invertir eficientemente.

Creo que es errado, sin embargo (y desde ambos “bandos”), poner el debate entre lo público y lo privado en términos de competencia o ineptitud. Tanto en el sector privado como el público hay gente competente e incompetente, gente capacitada y no tan capacitada, gente honesta y corrupta, gente codiciosa y gente que piensa primordialmente en el “bien común”.

La diferencia no debe buscarse en las cualidades de las personas, sino en los incentivos que las instituciones y las organizaciones nos brindan. Para ciertas actividades, los incentivos son insuficientes en el sector privado[2], y llevan a resultados poco óptimos.

Para otras actividades (y esa es la regla en la generalidad de mercados, que son estructuralmente competitivos y no presentan fallas de mercado significativas), es el sector público el que no tiene los incentivos adecuados, ya que:

  1. Su performance se ve influida por los fines políticos de los gobernantes de turno. Piensen, por ejemplo, en cómo Petroperú puede actuar para bajar los precios de los combustibles aún cuando eso afecte su rentabilidad, o cómo SEDAPAL puede privilegiar el extender las redes a nuevos asentamientos (donde, debido al desarrollo urbano informal es costosísimo) y mantener el precio del agua baja a costa de mantener las redes con un muy mal mantenimiento.
  2. El problema de agencia que se presenta en las empresas se multiplica a la “n”. Los políticos y técnicos que dirigen el Estado, sus instituciones y las aventuras empresariales en las que éste se embarca no asumen el costo de sus acciones. No “pierden nada” si el Estado invierte mal nuestros impuestos. Como precisa Gene Epstein, a diferencia del sector privado, en la que el fracaso de determinado emprendimientos es rápidamente expuesto por el sistema de ganancias y pérdidas (las empresas quiebran); en el Estado no es inusual que a un proyecto fallido se le sigan brindando recursos[3]. Esto hace que, generalmente, el sector público no sea tan eficiente. Aunque pueden haber incentivos no monetarios (la gente más “camiseta”, que se identifica con la genuina misión de una entidad) o monetarios (bonos por resultados, meritocracia en la carrera), al nivel más alto siempre harán falta los incentivos de propiedad que sí brinda el mercado (que implican que las personas se apropien del buen resultado de su trabajo).

Hay casos en los que el Estado efectivamente ha desarrollado tecnologías importantes, pero ya analizaremos en otro post por qué eso no significa que debamos creer en un “Estado emprendedor. La regla general debe seguir siendo que el desarrollo de productos debe estar a cargo del sector privado, y el Estado debe limitarse a regular ante la presencia de fallas de mercado y, ausentes éstas, sólo a proteger la competencia, la propiedad y los contratos.

[1] La cita en su idioma original y completa aquí: “The push is the R&D,” he said, before indicating the arrow on the right. “The pull is the carbon tax.” Between the arrows he sketched boxes to represent areas, such as deployment of new technology, where, he argued, private investors should foot the bill. He has pledged to commit $2 billion himself.
“Yes, the government will be somewhat inept,” he said brusquely, swatting aside one objection as a trivial statement of the obvious. “But the private sector is in general inept. How many companies do venture capitalists invest in that go poorly? By far most of them.””
[2] Gates también reconoce esto en la misma entrevista: “And for energy as a whole, the incentive to invest is quite limited, because unlike digital products—where you get very rapid adoption and so, within the period that your trade secret stays secret or your patent gives you a 20-year exclusive, you can reap incredible returns—almost everything that’s been invented in energy was invented more than 20 years before it got scaled usage. So if you go back to various energy innovators, actually, they didn’t do that well financially. The rewards to society of these energy advances—not much of that is captured by the individual innovator, because it’s a very conservative market. So the R&D amount in energy is surprisingly low compared with medicine or digital stuff, where both the government spending and the private-sector spending is huge”.
[3] “It might have occurred to Gates that the VC’s end up investing in so many ventures that go poorly because the poor performance gets quickly exposed by the private sector’s harsh system of profit-and-loss. With no comparable way to expose its own ineptitude, government is free to keep throwing good money after bad on failed ventures, thus leaving Gates the impression that it is only “somewhat inept.” Ver: http://cafehayek.com/2015/10/gene-epstein-responds-to-bill-gates.html
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